En discurso, el gasto público debe reducirse significativamente por la delicada situación económica del país. En los hechos, la contratación estatal de obras y servicios con el sector privado creció en los dos primeros meses de este año. Un aumento de 91 millones de dólares entre enero y febrero de 2018 y el mismo período del año pasado. Según información del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), en los dos primeros meses de este año se adjudicaron 893,3 millones de dólares para el Gobierno, los municipios, prefecturas, la seguridad social y las empresas públicas.

Ecuador recibió un total de $ 2.840,2 millones en remesas el 2017, lo que representa 9,2% de incremento con respecto a 2016, informó el Banco Central. En un comunicado, el Banco Central apuntó que la cifra refleja un incremento en $ 238,2 millones pues en 2016 la cifra llegó a $ 2.602,0 millones. De acuerdo con las estadísticas del Banco Central, las remesas de 2016 también representaron un incremento de más del 9 % con relación a 2015, cuando totalizaron $ 2.377,8 millones.

Ropa, alimentos, muebles y artículos del hogar, restaurantes y hoteles, recreación y cultura, bebidas alcohólicas y servicios diversos son los rubros que más han reducido sus precios, entre febrero del 2017 y el mismo mes de este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En cambio, otras categorías como comunicaciones, transporte, salud, servicios básicos y educación tuvieron variaciones positivas, que oscilaron entre el 0,01% y el 0,08%, en los últimos 12 meses, según información del INEC. La inflación anual se ubicó en -0,14%, en febrero pasado.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) perdió dinero y no piensa recuperarlo. La ley que impulsó el expresidente Rafael Correa para retirar el 40 % del aporte estatal restó 3.500 millones de dólares de las arcas de la entidad. Aunque la Corte Constitucional declaró ilegal a la medida correísta, el Seguro no reclamará ese dinero. En la Asamblea Nacional, esa postura no agrada. Representantes de diferentes movimientos advirtieron que exigirán el pago porque la Corte fue clara al decir que la norma de 2015 fue inconstitucional.