Eventos del Gobierno o de Alianza PAIS. Desde 2007, bajo el régimen de la llamada revolución ciudadana, la línea que separa esas actividades se cruzó en varias ocasiones y la presunción de la oposición es que los gastos de movilización o alimentación de los simpatizantes del oficialismo se cubrieron con recursos públicos. La Contraloría encontró evidencia de casos en los que el movimiento oficialista se ‘benefició’ de recursos de la Secretaría de la Gestión de la Política. La entidad de control revisó los gastos entre mayo de 2013 y diciembre de 2017.

El sector público está en la mira. Específicamente, en la mira de 1.500 exámenes de la Contraloría. Son las auditorías, internas y externas en todos los sectores, planificadas para este año. El mayor porcentaje se dirige a gobiernos locales. Prefecturas, municipios y juntas parroquiales tendrán, en conjunto, 959 estudios de control. El plan anual de informes de Contraloría contempla, además, 104 acciones de control al sector administrativo.

El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables contratará una nueva auditoría técnica para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Esta se sumará a la evaluación que realiza la Contraloría General del Estado (CGE), solicitada también por esta entidad, en mayo de este año. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos no Renovables, informó que se buscará una empresa internacional especializada para que haga una auditoría técnica. La selección de la firma estará a cargo del Gobierno ecuatoriano. Se espera que esto tome alrededor de 45 días.

La Contraloría dispuso la ejecución de un Plan Emergente de Control en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este plan tiene como objetivo verificar que la institución otorgue prestaciones a sus afiliados con relación de dependencia laboral o sin ella, en los términos establecidos en la Ley de Seguridad Social. Además de establecer la veracidad, propiedad y legalidad de las operaciones administrativas y financieras.

La Contraloría pondrá en marcha un plan emergente de control al IESS, que comprende la ejecución de 27 exámenes especiales. El contralor Pablo Celi anunció que para ello, se conformó cuatro equipos de trabajo y una veeduría ciudadana. En esta veeduría participan 14 miembros, entre ellos, Carmen Corral, exintendenta de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos; Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut y Solón Espinosa, excontralor.

Fue otro de los procesos plagados de denuncias de corrupción. Ahora, la Contraloría confirmó 10 irregularidades en el publicitado concurso para la adjudicación de frecuencias de radio y TV iniciado por el Gobierno anterior. ¿La principal conclusión? El concurso deja abierta la posibilidad de que se produzca una concentración de frecuencias en pocas manos. Desde afuera, veedores ciudadanos y expertos creen que el panorama es tan grave que el concurso debería ser anulado. Hablan de posibles delitos de tráfico de influencias, colusión, evasión de impuestos, testaferrismo, etc.

La exministra de Finanzas, María Elsa Viteri, atribuyó su salida a un oficio de la Contraloría General del Estado, donde se advierte que la exfuncionaria tiene una prohibición legal para ejercer un cargo en el sector público. Viteri fue desde el 6 de marzo, hasta el 14 de mayo del 2018, la titular de la Cartera de Economía. En el documento de Contraloría, emitido por su titular subrogante, Pablo Celi, se detalla que la exfuncionaria “se halla incursa en la prohibición legal prevista en el artículo 9 de la Ley del Servicio Público”.

La definición de cifras y la legalidad de futuros endeudamientos del país cayeron en un punto muerto. Un mes y tres días después de que Contraloría emitiera su informe sobre la misma, en la cual hallaba responsabilidades penales del expresidente Rafael Correa y sus ministros; y en el que daba recomendaciones, de obligatorio cumplimiento a la ministra de Economía, María Elsa Viteri; estas no se han cumplido. No se ha derogado el Decreto 1218 ni se han eliminado las resoluciones del Ministerio que declaraban reservadas ciertas operaciones de la deuda externa.

El Ministerio de Finanzas no registró cuatro operaciones petroleras, por $ 956 millones, que desde el 2015 sirvieron para obtener liquidez, por no tener garantía soberana, lo cual fue observado en el informe de la Contraloría presentado el mes pasado. Finanzas no registró estos rubros como deuda sino que los catalogó como “pasivos contingentes por operaciones comerciales”. Si bien esto no es una garantía del Estado, al ubicar estos rubros como pasivos contingentes se convierten en compromisos que podrían generar un eventual pago por parte del Estado.

La comparecencia de la ministra de Finanzas María Elsa Viteri en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, para explicar la ejecución presupuestaria del 2017, se transformó en un espacio de cuestionamientos a la funcionaria en torno a la acatación del informe de Contraloría sobre la deuda pública. Según un informe del ente de control, el límite de endeudamiento de 40% en relación al PIB permitido por ley, se rebasó en diciembre del 2016.