El presidente Lenín Moreno termina su primer año de Gobierno sin un plan económico en marcha y sin una política económica clara. Los anuncios de reducir el gasto público y los incentivos para el sector productivo no se han cumplido. En tanto, el crecimiento de la economía siguió dependiendo en buena parte de gasto público. Si bien la inversión pública cayó, uno de los gastos con mayor peso en el presupuesto, el de sueldos, ha crecido. En abril del 2018, el Estado gastó $ 2.911 millones más en sueldos respecto a abril del 2017.

En la última década, el gasto público aumentó en alrededor de 25.000 millones de dólares dentro del presupuesto del Estado. Este aumento permitió que se pasara de un superávit fiscal de 2.185 millones en 2007, a un déficit de 5.468 millones en 2017. Para este año, la pro forma planifica un déficit de más de 6.000 millones, lo que hace insostenible seguir manteniendo los mismos niveles de gastos y endeudamiento.

 El Gobierno reconoció ayer que el monto de deuda pública asciende a $ 58.980 millones. El monto equivale a 57% del Producto Interno Bruto. La cifra incluye los rubros de deuda interna y externa agregada, pero también otras obligaciones como preventas, deuda flotante y otras obligaciones. Actualmente, la deuda pública no puede ser mayor al 40% del PIB, según dispone el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip). Sin embargo, en Finanzas, se analiza eliminar este techo.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se inauguró en su cargo con tres anuncios clave. Hasta el lunes tendrá listo el proyecto borrador para la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1218 que consolidaba la deuda pública (sacando de la contabilidad a la deuda del Seguro Social); adicionalmente, ordenó publicar los boletines de deuda que se habían presentado solamente hasta enero y que deberían estar hasta abril.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, asume hoy la Cartera de Estado. Aunque todavía no se ha pronunciado sobre las primeras decisiones que tomará, su visión sobre el manejo económico del país se puede evidenciar en las propuestas que impulsó desde el sector empresarial. En abril, Martínez señaló que la deuda pública es insostenible y consideró que ha crecido a un ritmo “explosivo”, dejando como fruto “un déficit fiscal crónico”.

El expresidente Rafael Correa pidió a la Fiscalía, dentro de las investigaciones por el informe con indicios de responsabilidad por la deuda pública contraída entre 2012 y 2017, que llame a declarar a Alejandra Vicuña, vicepresidenta; Andrés Mideros, secretario general de la Presidencia; María Elsa Viteri, ministra de Finanzas; Verónica Artola, del Banco Central; y Carlos de la Torre, exministro.

La presentación del plan de sostenibilidad fiscal de parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional sigue pendiente. A casi un mes de que la Contraloría solicitó a Finanzas elaborar este documento para ajustar de manera progresiva el techo de la deuda pública, los legisladores no disponen de esta información. Asambleístas de diferentes bancadas coincidieron en que el Gobierno debe reconocer que se ha superado el techo y presentar el plan de sostenimiento.

Quince estados miembros de la Unión Europea (UE) registraron al cierre de 2017 un porcentaje de deuda pública superior al 60% del Producto Interior Bruto (PIB), de modo que situaron el indicador por encima de la marca fijada en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de los Veintiocho. Los datos los dio a conocer hoy, lunes 23 de abril del 2018, la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, organismo según el cual ocho de esos quince países tuvieron tasas superiores al 80% del PIB.

El examen de la Contraloría al endeudamiento público plantea una serie de restricciones legales que deben resolverse antes de efectuar una nueva contratación de deuda. Durante 2018, el Gobierno necesita $ 12.000 millones en financiamiento; es decir, requiere préstamos por 1.000 millones cada mes. El Código de Planificación de Finanzas Pública señala que el techo de la deuda pública con relación al PIB debe llegar máximo a 40%. Pero el órgano de control y el FMI han determinado que este porcentaje ya fue superado en el 2016.

La defensa a la consolidación de la deuda pública, aplicada en octubre del 2016 por parte del expresidente Rafael Correa (a través del Decreto 1218), quedó sin piso tras las últimas publicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ente multilateral indica que Ecuador estaba usando una metodología “no estándar” para el cálculo.