Tras ocho meses de trabajo, los auditores de la Contraloría concluyeron el examen especial a la deuda pública contratada entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. Las observaciones provocan expectativa no solo por las probables responsabilidades civiles (glosas), administrativas (multas y destituciones) o penales (delitos) de los funcionarios, sino por sus consecuencias en los planes económicos. De acuerdo con el informe preliminar, habría irregularidades en seis tópicos: regulación y normativa, confidencialidad y secreto sobre documentos, venta anticipada de petróleo, expedición del Decreto Ejecutivo 1218, papel de Petroecuador en la gestión de préstamos, y falta de respaldos de las operaciones de financiamiento. Fuente: El Universo.