Gastos no autorizados de hasta $ 31 millones con los fondos de la Ley Orgánica de Solidaridad se observaron en un informe borrador elaborado por la Contraloría General del Estado, entre el 1 de septiembre del 2016 y el 31 de julio del 2017. Hay observaciones al Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador Estratégico (empresa pública), a la Corporación Nacional de Finanzas Solidarias y Populares, Ministerio de Transporte, Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), Secretaría Nacional del Agua, ECU911 y al Municipio de Manta. Uno de los principales hallazgos fue la devolución del IVA a los municipios de Manabí y Esmeraldas por cerca de $ 26 millones, con recursos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Fuente: El Comercio, 1 de abril.