El plazo que inició en febrero pasado para la presentación de reclamos al recálculo de deudas de la banca cerrada, culminó ayer. El objetivo es facilitar el cobro de la cartera de la banca cerrada, que era de $2.500 millones, pero tras un recálculo ordenado en la ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 quedaría en $ 970 millones. La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), de acuerdo con la disposición general séptima de la normativa, a decir del titular de esa dependencia, Pedro Solines, debe verificar si existe vinculación o no de quienes se acojan a la ley.

Las operaciones de dragado del canal de acceso al puerto marítimo de Guayaquil arrancarán el próximo 28 de abril. Para ello, la Dirección de Intereses Marítimos de la Armada Nacional compró una embarcación china, rebautizada como Río Yanuncay. El costo de la embarcación fue de USD 22 millones y fue adquirida a la compañía Zhenjiang Hong Lin Shipping Project Company. El financiamiento se lo realizó con un crédito del Banco del Estado por USD 19,5 millones. Según el contrato con la Autoridad Portuaria de Guayaquil, la embarcación tendrá que dragar todo el canal excepto el área de Los Goles.

Entre $ 153 y $ 585 están los precios referenciales de las cocinas eléctricas de inducción que fabricarían industrias locales o extranjeras, dentro del proyecto del Gobierno de eliminar el subsidio al gas. Según la convocatoria para la presentación de expresiones de interés y calificación de proveedores de cocinas de inducción, publicado por el Ministerio de Industrias (Mipro), la cocina modelo de 2 hornillas tiene un valor referencial de $ 153; la cocina de 3 hornillas, $ 245; la de 4, $ 252; y la de 3 o 4 hornillas, con horno eléctrico, $ 585.

Las posibles ventas atadas del sector automotriz, que consiste en complementar negocios y servicios para el consumidor,  serán controladas. En caso de que haya problemas, la sanción iría entre 8% y 12% de los ingresos del negocio. El trabajo será liderado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SPCM). El objetivo es que el consumidor tenga la libertad para elegir la empresa aseguradora, el dispositivo de rastreo o alarma para su vehículo y que no exista una imposición por la concesionaria o ente financiero.