Los llamados deudores de buena fe piden al presidente Rafael Correa una prórroga para la firma de acuerdos de los recálculos de las deudas que mantienen con la banca cerrada. Este viernes 20 de junio, de acuerdo con lo anunciado por el Banco Central del Ecuador (BCE), y según la Ley de Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, culmina el plazo para dicho recálculo. Sin embargo, de acuerdo con Roberto Parra, representante de esos deudores, muchos no han logrado aún llegar a un acuerdo.

El plazo que inició en febrero pasado para la presentación de reclamos al recálculo de deudas de la banca cerrada, culminó ayer. El objetivo es facilitar el cobro de la cartera de la banca cerrada, que era de $2.500 millones, pero tras un recálculo ordenado en la ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 quedaría en $ 970 millones. La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), de acuerdo con la disposición general séptima de la normativa, a decir del titular de esa dependencia, Pedro Solines, debe verificar si existe vinculación o no de quienes se acojan a la ley.

Hoy termina el plazo para la presentación de reclamos al recálculo de deudas de la banca cerrada, informó el Banco Central del Ecuador (BCE). La idea es facilitar el cobro de la cartera de la banca cerrada, que era de $ 2.500 millones, pero tras un recálculo ordenado en la Ley de Cierre de la Crisis Bancaria quedaría en $ 970 millones.

La Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 ha dejado con incertidumbre a un grupo de deudores de la banca cerrada. "La ley nace porque las deudas que tenemos son impagables. Pero, resulta que lo aprobado no ha recogido el propósito inicial",  explica Roberto Parra, presidente del Gremio de los Deudores de Buena Fe. Según Parra, hay algunos puntos contradictorios.

El Banco Central adaptó oficinas de atención, en Quito, Guayaquil y Cuenca para el pago a acreedores de la banca cerrada, tras la crisis financiera de 1999. Se devuelve hasta $ 75 000. Desde el pasado lunes, estas oficinas tenían previsto atender a unas 45 000 personas, pero ayer en la mañana, en la matriz de la entidad, el flujo era escaso y unos 40 asientos de espera lucían vacíos. A ese lugar solo pueden ingresar los acreedores. Aunque, según un comunicado del Central, en dos días (lunes y martes), la afluencia ha sido permanente.

Luego de la aprobación de la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, que se realizó a inicios de este mes, los directivos del Banco Central del Ecuador (BCE) señalaron el viernes los plazos estipulados para cerrar aquel capítulo de la historia financiera ecuatoriana. Hasta agosto próximo se depurarán listas y establecerán contratos de pago. Luego hay seis años para cancelar la deuda y también hay un año de gracia. Desde el próximo lunes 21 de abril inicia el plazo para que los deudores presenten la solicitud de recálculo de aquellas deudas.

La Ley Orgánica de Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 fue publicada ayer en el Registro Oficial 118 del 20 de febrero. Así, empezaron a correr los 60 días para que la Superintendencia de Bancos verifique si los posibles beneficiarios de la eliminación de intereses de plazo y mora, planteada en la ley, son deudores vinculados o no vinculados. El superintendente, Pedro Solines, explica cuál será el proceso, a cumplirse en corto plazo, e indicó que los deudores de buena fe podrían acercarse desde hoy al BCE para buscar el recálculo.

La Asamblea Nacional envió este viernes al Ejecutivo el proyecto de Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, para su respectiva sanción u objeción. El proyecto fue aprobado con 102 votos a favor el jueves pasado.

Varios acreedores de la banca cerrada (depositantes de los bancos quebrados y a quienes no les han pagado) reclamaron ayer que a través de la Ley de Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, que se está tratando en la Asamblea Nacional, se les devuelvan todos sus haberes. Esto, porque el proyecto plantea devolver depósitos con un límite de hasta $ 75.000. Según los datos del Banco Central, existen 44.921 depósitos menores a esa cantidad que sí se cubrirán y que representan el 93% del total. En cambio, el 7% de acreedores no podrá recuperar su dinero.

La imposibilidad de pagar las deudas con la fórmula de recálculo, planteada por el proyecto de Ley de Cierre de la Crisis Bancaria 1999, fue expuesta ayer por varios deudores de buena fe en la Asamblea. Jackeline Chacón, con lágrimas, indicó que su sueldo alcanza los $ 700, pero con el recálculo de la deuda pagaría cuotas mensuales de $ 1.005, lo cual le sería imposible cumplir. “Pido que nos ayuden un poco más”, dijo a los asambleístas antes del análisis del proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo con carácter de económico urgente, que anoche pasó su primer debate.