Un Fiscal de Pichincha, Galeano Balcázar, ha ordenado el inicio de una indagación penal en contra del caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, y el diario El Universo, por el presunto delito de discriminación por una caritatura sobre el asambleísta Agustín Delgado. De ser declarado culpable, Bonil podría ir tres años a prisión. El Fiscal ha ordenado se designe un agente investigador para que tome las versiones del ofendido, o de cualquier persona que haya presenciado los hechos. Que realice un reconocimiento del lugar de los hechos, para lo que le pide que realice un croquis.

Algunos sectores productivos harán llegar al Gobierno nuevas listas de ciertos productos que a su parecer no deberían ser afectados por la salvaguardia global que el Ecuador aplicó desde el 11 de marzo pasado a 2.800 subpartidas de productos importados (32 % del total). Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, explicó que en estos días preparan una lista, con la ayuda de sus socios, que será entregada al Ministerio de Comercio Exterior, con los argumentos técnicos necesarios, para solicitar la posible desgravación.

Al Gobierno le bastaron 15 días para cumplir los primeros ofrecimientos para los empresarios. Ayer, el presidente Rafael Correa firmó tres decretos ejecutivos para normar la reducción de trámites, la venta de vivienda social y aclarar parte de la contratación laboral. El 2 de marzo, representantes del sector privado se reunieron con el primer mandatario, en Carondelet, para presentarle 37 propuestas que, según ellos, atraerían la "altamente deseada" inversión extranjera.

Las épocas de sequía son las más complicadas. En Pacayacu, el agua lluvia es la única opción que ha quedado a sus pobladores , por eso cuando escasea la preocupación los invade. Si no hay agua lluvia tienen que tomarla de los ríos, que, aseguran, está contaminada. Pacayacu es una parroquia del cantón Lago Agrio, en Sucumbíos, que vive los efectos de una explotación petrolera de más de 20 años y que aún continúa. Allí, sus habitantes han perdido la fe en las empresas petroleras y en el Gobierno. Su principal clamor es un derecho consagrado en la Constitución: agua que puedan consumir.