Ecuador expresó el jueves 21 de mayo del 2015 que el daño ambiental producido por la petrolera Texaco (filial de Chevron), que operó en la Amazonía hasta 1990 y por lo que fue condenada a pagar USD 9 500 millones, continúa afectando a pobladores. Las operaciones de Texaco, que se iniciaron en el país en 1964, tuvieron "efectos letales en cerca de dos millones de hectáreas de suelo, vegetación, ríos y esteros", señaló la Secretaría (ministerio) de Comunicación.

Desde que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) entró a administrar el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), la noche del pasado 14 de mayo, los docentes de la Unión Nacional de Educadores y otros maestros afiliados no han dejado de protestar, argumentando que la medida se tomó sin que los informes de auditoría concluyeran.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) calcula que los pagos más grandes de deudas –que podrían ascender a unos $ 455 millones– serán cancelados por grandes empresas hacia finales de julio. Esto, dentro de la ejecución de la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios. Guillermo Belmonte, director Nacional de Recaudación y Asistencia al Contribuyente del SRI, explicó ayer que se ha reunido con los deudores más grandes, y estos han mostrado su voluntad de pago.

La Fiscalía brasileña emitió hoy una recomendación para que la demanda interpuesta por Ecuador contra la multinacional petrolera Chevron no sea reconocida para su ejecución bajo las leyes brasileñas e internacionales. En una opinión solicitada por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil, el subprocurador general de la República, Nicolao Dino, concluyó que la sentencia ecuatoriana contra Chevron fue "dictada de manera irregular, en especial bajo desdichados actos de corrupción".