El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “no maneja información adecuada” sobre los avances de Ecuador en materia de control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, señaló el fiscal general, Galo Chiriboga. Esto ocurre, dijo la autoridad, porque el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) –que tiene representación en el pleno del GAFI– “no había informado adecuadamente sobre los importantes avances” de Ecuador en materia de legislación y ejecución.

Miembros de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo acudieron ayer hasta el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) para manifestar su respaldo a la designación de superintendente de Comunicación. El pleno del organismo se reúne hoy desde las 10:30 para escoger al nuevo funcionario de una terna conformada por Carlos Ochoa, María Elena Aguirre y Wilman Sánchez.

Los siete años de Alianza País no han sido suficientes para consolidarse en Guayaquil como una opción real para captar su Alcaldía. Sus militantes creen que es porque este movimiento tiene poco tiempo comparado con el Partido Social Cristiano (PSC), que está 21 años en el Cabildo desde León Febres-Cordero, en 1992. En el 2009, Leonardo Vicuña, director nacional del movimiento Alianza Bolivariana, uno de los siete grupos que forman Alianza País en Guayas, dijo que les "faltaba ganar políticamente Guayas y Guayaquil". En ese año no lo lograron.

Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) elegirán mañana al nuevo superintendente de Información. La designación de esta autoridad se hará de la terna, que remitió el presidente Rafael Correa al Consejo, en la que constan los comunicadores sociales Carlos Ochoa, María Elena Aguirre y Wilman Sánchez.

Argumentos como “falta de documentos de respaldo” o “inducción al error” utilizó la mayoría de cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) para desechar las impugnaciones presentadas contra el aspirante a la Superintendencia de Información, el periodista Carlos Ochoa.

La actual gobernadora de Guayas, Viviana Bonilla, fue nominada por el buró nacional de Alianza PAIS (AP) como candidata a la Alcaldía de Guayaquil para las elecciones seccionales de febrero próximo. Uno de los miembros de la directiva provincial de la agrupación en Guayas confirmó ayer la noticia que, además, causó reacción en las redes sociales. Ramiro.Bautista.A. (@RamyroBautista) escribió: “Bien por Guayaquil @viviana_bonilla, Tenemos Alcaldesa, por fin cambiará esta bella Ciudad”.

La Asamblea Nacional aprobó ayer, con 92 votos a favor, seis en contra, uno en blanco y 17 abstenciones, en segundo debate, el proyecto de ley para reparación de las víctimas y la judicialización de las violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

El lunes, cerca de las 23:00, la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe de segundo debate de la resolución que viabiliza la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, haciendo una reestructuración de los textos e incluyendo la obligatoriedad del Ejecutivo de cumplir con la consulta previa a las comunidades afectadas.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará los formularios para recolectar las firmas que requiere el colectivo YASunidos para llamar a una consulta popular y detener la explotación de los yacimientos de crudo en el Yasuní. Pero eso solo se concretará luego de que el pleno apruebe las reformas al reglamento de consultas populares e iniciativas ciudadanas que dictaminó la Corte Constitucional (CC).

El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Vicente Robalino, oficializó ayer el pedido de extradición desde los Estados Unidos de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador y representante legal del Fideicomiso AGD no más Impunidad. El pedido de Robalino fue realizado mediante providencia, dirigida al presidente de la CNJ, Carlos Ramírez Romero, dentro del caso que indaga el uso doloso de documento falso, cuyo delito se habría perpetrado cuando falsificó el título de economista, presuntamente otorgado por la Universidad Católica del Ecuador.