La entidad financiera confirmó ayer el cambio de algunos representantes de su Junta Directiva. La presidencia del Directorio la asumió Francisco Ortega Gómez, un ingeniero comercial con 37 años de experiencia. Como parte de su trayectoria en el ámbito financiero ocupó algunos cargos relevantes. Fue vicepresidente de tres entidades: Banco Amazonas (1994 - 2003), Banco Bolivariano (1992-1994) y la Financiera de Guayaquil (1982-1992). Además, se desempeñó como miembro de varios directorios de empresas ecuatorianas. Ha sido docente y seminarista desde 1973.

“¿Cómo es posible que nos quieran cobrar intereses de los 15 años de sufrimiento que hemos tenido? No nos vean como cifras, sino como seres humanos... Les pido que hagan una ley de buena fe para los deudores de buena fe”. Estas fueron las expresiones de Jakeline Chacón, quien es parte de los 4.968 deudores denominados de buena fe (no vinculados) a la banca cerrada, quien con lágrimas pedía ayer en la Comisión de Desarrollo Económico una solución a su problema.

Las investigaciones por presuntas irregularidades en las aseguradoras Sucre y Rocafuerte continúan. La Superintendencia de Bancos lleva adelante auditorías en las empresas cuyo accionista mayoritario es el Estado. Pedro Solines, superintendente de Bancos, explicó a este Diario que desde 2011 hay denuncias de gastos injustificados y colocación irregular de reaseguros. Por eso, agregó, se han aplicado sanciones administrativas y económicas y se han iniciado procesos legales. En ese plano, el funcionario informó a la Fiscalía General y a la Contraloría de las actividades sospechosas.

El Banco del Pacífico, la segunda entidad mejor posicionada en el sistema financiero por su rentabilidad, prevé posibles reestructuraciones en su directiva principal. La noticia no fue confirmada oficialmente por los representantes de la banca; sin embargo, mencionaron que "el tema se está manejando a nivel interno" y luego se dará un pronunciamiento público. Entre los nombres que ayer se divulgaron para ocupar los cargos directivos están Francisco Ortega Gómez y José Larrea. Hace dos meses la entidad financiera ya tuvo un cambio en la administración.

El presidente Rafael Correa enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente para recalcular las deudas de los clientes de la banca cerrada que luego de más de 15 años no han logrado cancelar sus créditos.

Los bonos del Estado vuelven a posicionarse en la cotidianidad de los ecuatorianos, con la decisión del Gobierno de cancelar las jubilaciones de los servidores públicos con el 100% en estos papeles, en lugar de hacerlo en efectivo. Esto, siempre y cuando el Presupuesto General del Estado no cuente con los recursos suficientes para cancelar las jubilaciones con dinero contante y sonante. En la fila ya están cientos de funcionarios de los sectores de Educación y Salud. Paulatinamente, se irán incorporando los trabajadores de otras entidades públicas.

La banca privada del Ecuador destinó, durante los primeros ocho meses de este año, más de 12.076 millones de dólares a diferentes sectores económicos. El principal beneficiado con estos préstamos fue el sector productivo del país, que abarcó el 74,20%. Los créditos de este segmento están orientados a financiar las necesidades de corporaciones y empresas que están interesadas en aumentar su capital de trabajo, adquirir activos fijos para el negocio, ya sea inmuebles, equipos, maquinaria u otros bienes.

Las bolsas de Valores del Ecuador pasarían de corporaciones civiles sin fines de lucro a ser sociedades anónimas con fines de lucro, según el Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Optimización del Sector Bursátil, discutido ayer en la Comisión de Régimen Económico. Los comisionados, presididos por Oswaldo Larriva, analizaron 25 de los 133 artículos de la ley. Hicieron pequeños cambios de forma en el texto original, enviado por el Ejecutivo. La idea es obtener un informe para segundo debate que será discutido en el pleno para su aprobación.

La creación de una Bolsa de Valores Pública, la exigencia de varias garantías para titularizaciones, la obligación para casas de valores de responder por las inversiones y tener calificación de riesgos, son algunos de los puntos que preocupan a representantes del sector bursátil. Es que hoy la Comisión de Régimen Económico discute el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil.

El mercado financiero y bursátil vuelve a jugar nuevamente un papel clave en las opciones del sector público para fondearse. Aunque el actual Gobierno ha recurrido en pocas ocasiones a estos mercados, ahora las necesidades fiscales le obligan a utilizar estrategias que no las había contemplado de manera abierta. En febrero de este año, planificó la emisión de bonos de deuda interna por USD 1 330 millones para todo este año. Hasta agosto, según los registros de la Bolsa de Valores de Quito, ya se habían emitido alrededor de USD 525 millones.