El exgerente de Petroecuador, Álex B., hoy detenido por presunto cohecho y enriquecimiento ilícito, reporta un incremento patrimonial injustificado por $ 540.000, según un informe elaborado por la Contraloría del Estado, que fue remitido a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal. El contralor Carlos Pólit confirmó ayer este valor y relató que otros dos exfuncionarios de la estatal, Michael Manzano y Marcelo Reyes, también fueron observados.

El desempleo, el alto costo de la vida y la delincuencia, en ese orden, son las principales preocupaciones de la ciudadanía. Así lo determina un sondeo de opinión hecho la semana pasada por la empresa Market, a 760 personas de Guayaquil y Quito. Los consultados, según Market, consideraron la falta de trabajo como un problema que aqueja a todo el país y como el que los afecta de manera personal.

La manera de medir la deuda del país se discute sobre dos conceptos: la deuda pública o agregada y la deuda consolidada. Si se revisan los boletines de deuda del Ministerio de Finanzas, a agosto de 2016, la deuda pública estaba en $ 36.810,9 millones. Mientras, la consolidada llega a $24.705 millones. El coeficiente de deuda, en este caso, es de 25,7% del PIB. Pero los últimos desembolsos de recursos provenientes de la colocación de bonos harían que la deuda del Ecuador llegue a un nivel del 39,5% del PIB, según los cálculos del exministro de Finanzas Fausto Ortiz.

Las empresas que ofertan pólizas de asistencia médica analizan ajustes a las tarifas ante la inminente aprobación de la Ley de Medicina Prepagada. Solo falta la aprobación final en el Pleno de la Asamblea. El punto polémico es el que obliga a las empresas a reembolsar al IESS y al Ministerio de Salud Pública cuando los afiliados que tengan seguros privados acudan a la red pública. Para Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, la consecuencia es un incremento de precios en las pólizas que pagan los asegurados. “Es obvio que la única solución es subir los precios.