El Pichincha es el banco más grande, tanto más que el resto que sus utilidades representan 34,1 % del total que tuvieron los cuatro grandes a junio de este año. A pesar de un entorno económico nacional adverso de la banca, aunque menos que antes, sigue siendo rentable: 97,8 millones de dólares. Incomparables con los 154 millones del mismo mes de 2015 según la Superintendencia.

En el segundo semestre de este año, la banca privada ecuatoriana prevé desembolsar créditos por $ 10.000 millones. Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), indicó ayer, en una entrevista en Ecuavisa, que tal posibilidad se debe a la recuperación de los depósitos, el buen manejo de la liquidez y la eficiencia y técnica bancaria. Agregó que 70%  de los recursos serán destinados a créditos productivos, empresariales e industriales, 20% a créditos para consumo y  10% a microcréditos.

La cuarta emisión de los bonos soberanos de $ 1.000 millones, anunciada el lunes por parte del Ministerio de Finanzas, es la más cara de todas las realizadas por el Gobierno. La tasa a pagar a un plazo de menos de seis años es de 10,75% (esos bonos vencen en marzo de 2022). Las emisiones hechas en 2014 y 2015 tuvieron entre 7,95% y 10,5%, según anuncios de esa cartera de Estado hechos en cada ocasión. El Ministerio indica que los recursos de esta colocación de bonos servirán para financiar el Presupuesto General del Estado del 2016, específicamente el Plan Anual de Inversiones.

Para agosto próximo el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, prevé desarrollar una intensa agenda dentro de la Corte Constitucional y la Asamblea, organismos donde debe ser revisado y ratificado, en el país, el acuerdo multipartes con la Unión Europea (UE), después de su aprobación en el Consejo Europeo. Cassinelli se mostró convencido de que la firma de la adhesión al tratado se dará este año, entre el 21 de octubre y el 11 de noviembre próximo, sin embargo, aseguró sentirse preocupado por el tiempo que luego tomaría la ratificación del tratado en los parlamentos.