El incremento de la deuda por encima del límite legal (40% del PIB), las irregularidades en la negociación y el uso del dinero de las preventas petroleras o el blindaje para mantener en secreto las operaciones constan entre las observaciones que la Contraloría incluyó en el examen especial a la deuda pública adquirida entre enero del 2012 y mayo del 2017. La lectura del informe final se realizó ayer, en presencia de la comisión de veedores que en enero pasado se creó para acompañar a la auditoría.

La Contraloría hará hoy una revisión del informe sobre la auditoría a la deuda pública, que se inició en agosto del año pasado. Luego de esta revisión se decidirá si se requiere hacer ajustes o si se aprueba y publica el documento final en la página web del organismo. La entidad de control inició un examen a los procesos de endeudamiento adquiridos entre el 1 de enero del 2012 y mayo del 2017.

Gastos no autorizados de hasta $ 31 millones con los fondos de la Ley Orgánica de Solidaridad se observaron en un informe borrador elaborado por la Contraloría General del Estado, entre el 1 de septiembre del 2016 y el 31 de julio del 2017. Hay observaciones al Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador Estratégico (empresa pública), a la Corporación Nacional de Finanzas Solidarias y Populares, Ministerio de Transporte, Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), Secretaría Nacional del Agua, ECU911 y al Municipio de Manta.

Tras ocho meses de trabajo, los auditores de la Contraloría concluyeron el examen especial a la deuda pública contratada entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. Las observaciones provocan expectativa no solo por las probables responsabilidades civiles (glosas), administrativas (multas y destituciones) o penales (delitos) de los funcionarios, sino por sus consecuencias en los planes económicos.

Otro caso que amenaza con terminar en una corte internacional. La empresa Gente Oil –que es parte del consorcio DGC, operador del campo petrolero Singue– analiza la posibilidad de plantear un arbitraje en contra del Estado ecuatoriano. Lo confirmó Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de la empresa. ¿El motivo? Las responsabilidades penales y económicas que la Contraloría señaló en su contra por el proceso de negociación del campo, en 2011.

La mayoría de los presuntos casos de corrupción que detectó la Contraloría General del Estado se habrían cometido en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y en la Corporación Aduanera Ecuatoriana, que ahora se denomina Servicio Nacional de Aduanas. Así lo determinó un documento elaborado por la Fiscalía General, basado en los informes con indicios de responsabilidad penal que recibió del organismo. Según ese documento, de 1.293 informes que llegaron a la Fiscalía en los últimos seis años, el 57 % (737 casos), corresponde a investigaciones por supuesto peculado.