En los primeros días de mayo del 2018, el Fisco recibió $ 400 millones, que fueron registrados en la cuenta “ventas anticipadas y por convenios con entidades del sector público no financiero”. La información consta en el portal del Ministerio de Finanzas sobre la ejecución presupuestaria. El nuevo desembolso es un alivio para las arcas fiscales, pero su registro genera un conflicto. Para Finanzas, se trata de una operación comercial y no una de endeudamiento.

La estructura del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) experimentaría vacíos en los próximos días tras la destitución del representante de los trabajadores, Luis Clavijo. La semana pasada se conoció que la Contraloría decidió destituir y multar a Clavijo por su participación en los ajustes de asientos contables de la entidad, tal como lo hizo con el expresidente de la institución Richard Espinosa. Sin embargo, de acuerdo con una carta enviada por el representante de los empleadores, Felipe Pezo, al actual presidente del Consejo Directivo del IESS, Manolo Ro

El 9 de abril pasado, la Contraloría presentó su informe sobre la deuda pública y un día después, Fiscalía decidía que investigará a 11 exfuncionarios, incluido el expresidente Rafael Correa. Lo que se cuestiona aquí es cómo se elevó el endeudamiento público, sobrepasando incluso el límite permitido. En estas investigaciones por lo tanto, entran también tres exministros de Finanzas y siete funcionarios públicos; quienes por sus cargos pudieron tomar decisiones claves en el tema.

El destino que el gobierno de Rafael Correa dio a parte de los recursos obtenidos vía deuda pública no es fácil de establecer. La Contraloría revisó las operaciones de crédito entre 2012 y 2017 y encontró ‘vacíos’. Las exautoridades del Ministerio de Finanzas se refugiaron en el adjetivo de ‘fungibles’ que le dieron a los recursos para evitar detallar su uso. Un argumento que podría estar en contraposición con la normativa.

La Contraloría General del Estado anunció siete nuevas auditorías derivadas del examen especial a la deuda pública, presentado el lunes 9 de abril del 2018, tras nueve meses de trabajo. En su informe final, el organismo determinó indicios de responsabilidad penal y administrativa para funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Las principales observaciones apuntan a los cambios o aprobación de normas que permitieron un manejo discrecional del endeudamiento entre el 2012 y mayo del 2017. Pero el trabajo de la Contraloría no termina ahí.

Las operaciones realizadas por los contratos de venta anticipada de petróleo, suscritos en 2013 y 2016 con Petrochina, Unipec y Petrotailandia, deben ser consideradas como parte de la deuda pública, es el criterio de la Contraloría General del Estado. El organismo presentó el lunes un informe con indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa e indicios de responsabilidad administrativa con multa contra los exministros de Economía Fausto Herrera y Patricio Rivera.

El contralor (s) Pablo Celi informó este lunes que la Contraloría realizará nuevas acciones de control sobre la deuda. Explicó que ya está en marcha un examen especial a propósito de la emisión, colocación, pago y canje de Certificados de Tesorería (Cetes). Estos son papeles de corto plazo que no se consideraban deuda, pero que finalmente quedaron en stock de deuda y no se cancelaban a final de año. Adicionalmente, se harán exámenes especiales a las condiciones financieras, plazos y garantías y comisiones de las operaciones de endeudamiento público.

El informe final sobre el examen especial a la deuda pública está previsto que se presente este lunes, 9 de abril del 2018. En este documento, la Contraloría establecerá las conclusiones y recomendaciones sobre los procesos de endeudamiento entre el 1 de enero del 2012 y mayo del 2017. Uno de los puntos claves del documento son los cambios a las normativas.

La Contraloría determinó un perjuicio por USD 31,4 millones en la ingeniería, estudios, fiscalización y construcción de los cinco edificios del campus universitario de Yachay. El examen especial realizado por el ente establece responsabilidades penales, por lo que el pasado miércoles 4 de abril del 2018 fue enviado a la Fiscalía para que se inicie una investigación.

El informe sobre el examen especial a la deuda pública está en su última fase. Tras la reunión que mantuvieron ayer (martes 3 de abril del 2018) los integrantes de la veeduría ciudadana -que acompañó en este proceso- con autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE), se resolvió presentar los resultados entre mañana y el viernes. En esa reunión de trabajo con los auditores se recogieron sus observaciones adicionales y finales para el informe. La Contraloría analizará esos criterios antes de emitir el documento definitivo.