La definición de cifras y la legalidad de futuros endeudamientos del país cayeron en un punto muerto. Un mes y tres días después de que Contraloría emitiera su informe sobre la misma, en la cual hallaba responsabilidades penales del expresidente Rafael Correa y sus ministros; y en el que daba recomendaciones, de obligatorio cumplimiento a la ministra de Economía, María Elsa Viteri; estas no se han cumplido. No se ha derogado el Decreto 1218 ni se han eliminado las resoluciones del Ministerio que declaraban reservadas ciertas operaciones de la deuda externa.

En los primeros días de mayo del 2018, el Fisco recibió $ 400 millones, que fueron registrados en la cuenta “ventas anticipadas y por convenios con entidades del sector público no financiero”. La información consta en el portal del Ministerio de Finanzas sobre la ejecución presupuestaria. El nuevo desembolso es un alivio para las arcas fiscales, pero su registro genera un conflicto. Para Finanzas, se trata de una operación comercial y no una de endeudamiento.

El destino que el gobierno de Rafael Correa dio a parte de los recursos obtenidos vía deuda pública no es fácil de establecer. La Contraloría revisó las operaciones de crédito entre 2012 y 2017 y encontró ‘vacíos’. Las exautoridades del Ministerio de Finanzas se refugiaron en el adjetivo de ‘fungibles’ que le dieron a los recursos para evitar detallar su uso. Un argumento que podría estar en contraposición con la normativa.

Ecuador aplicará una estrategia global para mejorar las condiciones de su abultada deuda externa, que incluirá una negociación bilateral con China, basada en un diálogo y de común acuerdo con sus acreedores, dijo el martes 3 de abril la ministra de Economía, María Elsa Viteri. El nivel de endeudamiento de Ecuador creció con fuerza en el gobierno del expresidente Rafael Correa, con créditos atados a contratos de venta anticipada de crudo y otros a proyectos estratégicos y colocación de bonos en el mercado internacional.

La Contraloría hará hoy una revisión del informe sobre la auditoría a la deuda pública, que se inició en agosto del año pasado. Luego de esta revisión se decidirá si se requiere hacer ajustes o si se aprueba y publica el documento final en la página web del organismo. La entidad de control inició un examen a los procesos de endeudamiento adquiridos entre el 1 de enero del 2012 y mayo del 2017.

La deuda consolidada del Ecuador llegó en enero del 2018 a $ 35.709,4 millones. Se trata de una alta cifra, considerando que este índice no incluye la deuda pública que tiene el Gobierno con entidades como el IESS. Esta forma de contabilizar la deuda, que en la práctica daba más aire al fisco para endeudarse, fue aplicada en octubre del 2016 cuando el anterior gobierno expidió el decreto 1218, ahora cuestionado por la Contraloría.

Al menos cinco factores han incidido en la “situación compleja” que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en estos días. El cambio de estructura en las tasas de aporte a los diversos seguros; el retiro anual del 40 % del Estado al IESS; desconocimiento temporal de la deuda de salud, la ampliación de atención de salud a grupos no contributivos, así como el incremento de pensiones, hacen parte de las medidas tomadas en el anterior Gobierno que han debilitado la sostenibilidad de la Seguridad Social.

El sector de la construcción logró concretar operaciones para compensar deudas entre el Gobierno e impuestos adeudados, a través del sistema de Títulos del Banco Central (TBC), informó ayer el ministro Patricio Rivera. Explicó que el monto de las operaciones de compensación fue de $ 42,91 millones de los $ 50 millones posibles. Las empresas que aplicaron este sistema fueron Hidalgo e Hidalgo, Nabors, Sinopec, Verdu, mientras hubo otras pequeñas que no se detallaron. La explicación la dio en la Comisión de Régimen Económico con ocasión de cumplirse un año del Código Monetario.

Desde el 2007, varios países se convirtieron en fuente de financiamiento externo para el Ecuador. Incluso, lo hicieron con un mayor peso que los prestamistas externos tradicionales como los multilaterales o los tenedores de bonos. La deuda bilateral, aquel financiamiento que el Ecuador recibe de otras naciones, se multiplicó por cuatro en los últimos ocho años. Según datos del Ministerio de Finanzas, estas obligaciones subieron de USD 1 914 millones en 2007 a USD 8 237,5 millones hasta abril de este año. Hoy 16 países constan como prestamistas bilaterales del Ecuador.

Cuando los $ 2.500 millones provenientes de Tailandia ingresen al país por una operación de preventa petrolera entre EP Petroecuador y PTT International Trading Pte Ltd (Petrotailandia), estos no serán registrados como deuda externa. Aunque se trata de una figura para financiar el presupuesto del Estado, las preventas petroleras no constan como préstamos. De esta manera, el porcentaje de la deuda pública versus el Producto Interno Bruto (PIB) logra mantenerse en niveles de 29,3% (hasta abril de 2015). La Constitución establece como límite máximo de endeudamiento el 40% del PIB.