Alrededor de 160.000 empleados laboran de manera “ilegal” en el sector público, afirmó ayer el consejero del Presidente de la República, Santiago Cuesta. El funcionario señaló en una entrevista radial que esta situación se registra desde el Gobierno anterior.

El sector público está en la mira. Específicamente, en la mira de 1.500 exámenes de la Contraloría. Son las auditorías, internas y externas en todos los sectores, planificadas para este año. El mayor porcentaje se dirige a gobiernos locales. Prefecturas, municipios y juntas parroquiales tendrán, en conjunto, 959 estudios de control. El plan anual de informes de Contraloría contempla, además, 104 acciones de control al sector administrativo.

Es la empresa con capital público más exitosa del país. Seguros Sucre cerró mayo como la aseguradora número uno, con primas netas superiores a los $ 105 millones. El segundo lugar, que ocupa Seguros Equinoccial, sumó 75,5 millones. El apogeo de la estatal, que se disparó en el gobierno del expresidente Rafael Correa, responde en su mayoría al control que tiene en el aseguramiento de las entidades del gobierno central. Ministerios, secretarías y las empresas públicas están obligados, por ley, a contratar con Seguros Sucre.

Las deudas con los jubilados del sector público se mantienen. Maestros y trabajadores de la salud son los sectores más afectados por el incumplimiento del Gobierno anterior. Las autoridades del actual régimen reconocieron la deuda y anunciaron que están buscando los recursos para poder cancelar. El exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en su momento informó que los valores se arrastran desde el 2010, pero el tema empeoró desde el 2015.

Un total de 16 servicios, de 10 instituciones del Estado, han optimizado trámites durante el primer semestre de este 2014. Así lo indicó Vinicio Alvarado, secretario General de la Administración, ayer 30 de junio del 2014, durante una presentación de las innovaciones en materia de servicios para los ciudadanos, que se realizó en la Dirección Provincial de Trabajo de Pichincha. El acto estuvo a cargo de Alvarado y del ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco.

Unas 6 000 personas buscan convertirse en uno de los 3 500 funcionarios del nivel jerárquico superior del sector público, cuyos salarios van desde los USD 2 500 a 6 200 mensuales. Se trata de cargos que van desde viceministros hasta directores regionales de organismos que pueden tener rango de secretarías o viceministerios. Las hojas de vida de estos 6 000 candidatos fueron recolectadas, con las mejores prácticas de selección mundial, desde junio pasado por el Instituto Nacional de la Meritocracia, cuya metodología se lanzó la semana pasada de manera oficial.