El Ministerio de Finanzas no registró cuatro operaciones petroleras, por $ 956 millones, que desde el 2015 sirvieron para obtener liquidez, por no tener garantía soberana, lo cual fue observado en el informe de la Contraloría presentado el mes pasado. Finanzas no registró estos rubros como deuda sino que los catalogó como “pasivos contingentes por operaciones comerciales”. Si bien esto no es una garantía del Estado, al ubicar estos rubros como pasivos contingentes se convierten en compromisos que podrían generar un eventual pago por parte del Estado.

Al menos tres escollos deberán superar las empresas petroleras estatales del Ecuador para poder concretar el más complejo de los procesos de fusión en los que está empeñado el Gobierno (como parte de su política de optimización del Estado). La enorme carga laboral, la homologación de remuneraciones y el comprometimiento de la oferta exportable por varios años en contratos de largo plazo, son los puntos más sensibles a la hora de generar una empresa más eficiente y sólida. Las dos empresas petroleras tienen 11.803 empleados con una carga salarial que llega a $ 201,9 millones al año.