Ayer entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal que tipifica nuevos delitos. Uno de ellos tiene que ver con la no afiliación al Seguro Social. El artículo 244 del documento establece que la o el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete días. Además, señala que las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido notificada.

El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador entró ayer en vigor con el afán de “revolucionar” la justicia en el país, según el oficialismo, aunque ha levantado críticas de la oposición que ve el riesgo de un mayor nivel punitivo del Estado. El COIP nace, además, como una esperanza para cientos de presos pues esta normativa abre la posibilidad de la puesta en libertad antes de lo previsto de personas condenadas por consumo de drogas o que hayan sido detenidas portando cantidades mínimas de ese tipo de sustancias.

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el 10 de agosto próximo, 2.000 personas sentenciadas por delitos relacionados con el narcotráfico saldrían en libertad, según los cálculos realizados por la Defensoría Pública. Según esa institución, los privados de la libertad se beneficiarán del principio constitucional de la favorabilidad, que permite aplicar, en favor de quienes tengan sentencia, una norma legal más benigna, pese a que esta haya sido aprobada con posterioridad.

Cuatro artículos del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) inquietan a los empresarios, debido a las sanciones que establece la normativa, y que van desde la pena privativa de la libertad hasta la intervención en las empresas por diferentes causas. La mañana de ayer varios representantes empresariales expresaron sus dudas durante un foro organizado la por la Cámara Ecuatoriano Americana de Guayaquil (Amcham). Las preocupaciones giran alrededor de los artículos 241, 242, 243 y 244. El primero establece de dos a seis meses de pérdida de libertad cuando se limite el derecho a la huelga.

Las normas para el combate al lavado de activos y al financiamiento al terrorismo que constan en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) sustentaron la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de no aplicar contramedidas o sanciones en contra del Ecuador. La decisión se dio en el marco de la sesión plenaria del organismo, que se instaló ayer en París (Francia). A esta asistieron el procurador Diego García; el fiscal general, Galo Chiriboga; y la superintendenta de Compañías, Suad Manssur.

La publicación del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el Registro Oficial (RO), prevista para hoy, coincidirá con la instalación de la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París (Francia). En esa reunión, el GAFI evaluará los avances en materia de tipificación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que ahora constan en el COIP. De ello dependía que el Ecuador sea retirado de la lista de países ‘no cooperantes’ en la lucha contra esos dos delitos.

Con una marcha, los médicos entregaron ayer la propuesta de cláusula interpretativa del artículo 146 del Código Integral Penal al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh. Un grupo de entre 300 y 400 galenos se concentró en el parque El Arbolito, a partir de las 17:00, y pese a que llovía caminaron hasta el CJ, que estaba custodiado por unos 98 policías. Jalkh recibió a una comisión y se comprometió a darle celeridad al trámite en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que deberá formular la interpretación del apartado sobre la mala práctica profesional.

Ante un grupo de estudiantes de la Universidad Central, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Carlos Ramírez, se comprometió ayer a emitir con agilidad un pronunciamiento sobre la interpretación del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente a la mala práctica profesional. Ramírez coincidió con los estudiantes durante una visita al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh. Hasta el cierre de la edición, la Asamblea no enviaba el articulado del COIP para su publicación en el Registro Oficial.

La comisión de médicos que alcanzó un acuerdo con el Gobierno para que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) interprete el artículo 146 del Código Penal sobre la mala práctica profesional, entregará esta semana la respectiva solicitud de cláusula interpretativa. Así lo afirmó el doctor Juan Barriga, uno de sus integrantes, y quien comentó que hoy prevé reunirse con sus colegas. Barriga indicó que se definirá la fecha y modo de presentación ante la Judicatura. El organismo, a su vez, pedirá el pronunciamiento de la CNJ, según lo acordado con los galenos, el pasado jueves.

Los médicos y el Gobierno lograron anoche un acuerdo en torno al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se refiere al homicidio culposo por mala práctica profesional. El Gobierno se comprometió a aclarar el inciso tercero de ese artículo mediante una cláusula interpretativa a través de la Corte Nacional de Justicia. Eso no implicará la modificación del artículo.