Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el 10 de agosto próximo, 2.000 personas sentenciadas por delitos relacionados con el narcotráfico saldrían en libertad, según los cálculos realizados por la Defensoría Pública. Según esa institución, los privados de la libertad se beneficiarán del principio constitucional de la favorabilidad, que permite aplicar, en favor de quienes tengan sentencia, una norma legal más benigna, pese a que esta haya sido aprobada con posterioridad.