La Asamblea desechó cinco objeciones presentadas por el presidente Rafael Correa al proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que fue aprobado ayer. La norma será enviada al Registro Oficial para su publicación y entrará en vigencia 180 días después. En ese período se capacitará a los operadores de justicia y todavía se aplicarán los anteriores códigos (ver recuadros). Ayer, con 113 votos a favor de 123 legisladores presentes, el Pleno se ratificó en cinco artículos que causaron polémica desde que llegó el documento del Ejecutivo, que planteaba 73 observaciones.

"Vamos a dialogar con todos los médicos explicándoles las bondades del artículo​" 146 del nuevo Código Orgánico Integral Penal (Coip) sobre homicidio culposo por mala práctica profesional, anunció este martes el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera. Aseguró que esta tarde se reunió con un grupo de médicos y seguirá recibiendo a este sector pero "no pueden pedir impunidad. No vamos aceptar que en el Código no haya delito penal y tampoco que digan que los jueces son corruptos".

El último paso en el trámite legislativo del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es hoy. Desde las 09:30, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá y resolverá sobre el veto parcial del Ejecutivo a ese proyecto. El tema se tratará como primer punto en la sesión del Pleno, antes de que se realice el primer debate de la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, que tiene carácter económico urgente. El trámite del proyecto de COIP lleva más de dos años. La propuesta original fue enviada por el presidente Rafael Correa en octubre del 2011.

Cerca de mil médicos protestaron ayer frente al Ministerio de Salud en rechazo al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proyecto se aprobaría hoy definitivamente en la Asamblea, una vez que se tramite la objeción parcial que envió el Ejecutivo. El texto establece que la persona que en el ejercicio de su profesión ocasione la muerte de otra será sancionada con cárcel de tres a cinco años si se produce por acciones “innecesarias, peligrosas e ilegítimas”.

Médicos del hospital Metropolitano anunciaron ayer que suspenderán la consulta por un día, sin precisar la fecha. En un comunicado rechazan el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, que en el inciso del artículo 146 establece: la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado y que en el ejercicio de su profesión ocasione la muerte de otra será sancionada con pena de 3 a 5 años si se produce por acciones “innecesarias, peligrosas e ilegítimas”.

El traumatólogo Juan Barriga fue el primer médico que presentó su renuncia en el hospital Pablo Arturo Suárez. Después de 30 años de labor en ese lugar, el especialista dejará su trabajo motivado, según comentó, por la decisión del Ejecutivo de mantener en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el artículo 146 sobre el homicidio culposo por mala práctica médica profesional. En ese apartado dice que el profesional que ocasione la muerte de otra persona será sancionado con cárcel de uno a tres años.

El bloque de gobierno Alianza PAIS (AP) se reunió ayer en la Asamblea con representantes del Ejecutivo para consultar sobre la posibilidad de insistir en cinco de las objeciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que planteó el presidente Rafael Correa. El coordinador de bloque, Armando Aguilar, explicó que se busca que las mujeres embarazadas culpables de un delito puedan tener 90 días luego del parto con medidas alternativas a la reclusión. Aunque en este punto, Aguilar reconoció que existe una “posición muy fuerte y firme del compañero presidente”.

La concusión, la oferta de realizar tráfico de influencias, el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación al Seguro Social por parte del empleador son los delitos que sufrirían cambios en el tiempo de la pena, si la Asamblea acepta el veto del Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Para el delito de concusión, la pena que proponía la Asamblea era de uno a tres años, el Ejecutivo sugiere que suba a una pena de cinco a siete años ya que “uno de los objetivos primordiales del Gobierno es combatir la corrupción”.