Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el 10 de agosto próximo, 2.000 personas sentenciadas por delitos relacionados con el narcotráfico saldrían en libertad, según los cálculos realizados por la Defensoría Pública. Según esa institución, los privados de la libertad se beneficiarán del principio constitucional de la favorabilidad, que permite aplicar, en favor de quienes tengan sentencia, una norma legal más benigna, pese a que esta haya sido aprobada con posterioridad. Esto ocurre con la próxima vigencia del Código, que determina penas más bajas en relación a la norma que dejará de regir en unos días. Por mandato de este cuerpo legal, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) elaboró una tabla que considera las cantidades de droga, cuyo manejo determinará la sanción por el tráfico ilícito de mínima (2 a 6 meses de prisión), mediana (1 a 3 años), alta (5 a 7 años) y de gran escala (10 a 13 años). Con esta, según el defensor público Ernesto Pazmiño, “si una persona fue condenada con la legislación antigua a ocho años de prisión por llevar 250 gramos (de droga), delito que el nuevo Código sanciona con entre dos a seis meses de prisión, y la persona ya cumplió uno de los ocho años de la sentencia, significa que cumplió en exceso la pena que determina el nuevo Código; por tanto, el juez tendrá que ordenar inmediatamente su libertad”. Fuente: El Universo.