El proyecto de ley económico urgente propone tres incentivos para la reactivación del sector de la construcción. Los beneficios están dirigidos a constructoras e inmobiliarias que ejecuten proyectos de viviendas de interés social (VIS); es decir, con precios de venta de hasta $ 40 000. La iniciativa legal señala que los proyectos VIS, calificados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), “son prioritarios en las políticas de desarrollo nacional”.

Las personas de entre 30 y 35 años son las que más solicitan créditos hipotecarios. Así lo evidencian los datos del Banco de los afiliados (Biess), que tiene 50% del mercado de préstamos de vivienda. $ 243 millones desembolsó la entidad en el 2017 para este grupo etario, lo que corresponde a 27% del total financiado por el Biess para estos préstamos.

El pasado 10 de mayo, Lenín Moreno, expidió el Decreto Ejecutivo 391, el cual realiza varias reformas al reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria, principalmente en la gobernabilidad de las organizaciones; la adjudicación de predios y solución de conflictos en la entrega de escrituras para cooperativas de vivienda; y la articulación por parte de la Vicepresidencia del sector financiero, popular y solidario.

Un total de 60 expositores promocionan sus proyectos de vivienda, materiales de construcción y muebles en el 18 Salón de la Vivienda. La feria, que arrancó el pasado viernes 20 de junio del 2014 y que se extenderá hasta el próximo 29 de junio del 2014, se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones Quito. Este encuentro es organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha y la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi). En el sitio se encuentran inmuebles desde USD 35 000 hasta USD 180 000, en diferentes lugares de la ciudad y los valles.

El presupuesto del Gobierno destinado a vivienda supera los $ 100 millones anuales, afirmó ayer Diego Aulestia, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, luego de la inauguración del Sexto Congreso Internacional de Infraestructura y Vivienda. El funcionario prefirió no especificar las áreas estatales de Quito y Guayaquil en las cuales se construirán las viviendas. “El momento en que nosotros anunciamos la zona hay un tema de plusvalía de por medio”, acotó. Aulestia dijo que habrá un anuncio público y un registro de inscripción.

En los próximos días, el Gobierno hará las primeras convocatorias para la presentación de propuestas con el fin de construir viviendas nuevas en dos terrenos públicos, uno en Quito y otro en Guayaquil. Ese fue el anuncio que hizo ayer Diego Aulestia, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su ponencia en el Sexto Congreso Internacional de Infraestructura y Vivienda, que se realiza desde ayer y hasta mañana en la capital.

Según la superintendenta de Compañías, Suad Manssur, el interés de la institución es proteger al sector más vulnerable de la población de posibles estafas inmobiliarias. Por ello, el reglamento, vigente desde el pasado 18 de diciembre, "Es una herramienta de prevención para que no se repitan casos de compañías que hoy se encuentran en proceso de liquidación", explicó Manssur a través de un comunicado. Según el organismo de control, las empresas inmobiliarias están en su pleno derecho de interponer una acción de protección.

La Superintendencia de Compañías informó que no reformará el reglamento de funcionamiento de compañías que realizan actividad inmobiliaria, a no ser que luego de iniciar el control de su cumplimiento identifique puntos que deban ajustarse, informó a este Diario la titular de ese organismo, Suad Manssur. Esto, en respuesta a la carta que recibió el 22 de enero, de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) que le solicitó dejar sin efecto el reglamento, vigente desde el 18 de diciembre pasado.

Por efectos del nuevo Reglamento de Funcionamiento de las Compañías Inmobiliarias los anticipos que entregan los compradores de vivienda a estas empresas, usados generalmente en la compra del terreno en que se hará el proyecto y en la promoción del mismo, serán manejados por administradoras de fondos y se devolverán a los constructores solo cuando acrediten ser dueños del terreno, cuenten con el presupuesto total para la obra y con las autorizaciones de ley. Estas exigencias aumentarán los plazos de ejecución de los proyectos y subirán sus costos.