El proyecto de ley económico urgente propone tres incentivos para la reactivación del sector de la construcción. Los beneficios están dirigidos a constructoras e inmobiliarias que ejecuten proyectos de viviendas de interés social (VIS); es decir, con precios de venta de hasta $ 40 000. La iniciativa legal señala que los proyectos VIS, calificados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), “son prioritarios en las políticas de desarrollo nacional”.

El Gobierno hace un guiño a los constructores al ofrecer incentivos que los motive a edificar más vivienda social en el país y, con ello, ayudar a acelerar la recuperación del sector, uno de los más golpeados en los últimos años de recesión. En el proyecto de ley que recientemente entregó a la Asamblea, se pide devolver a este sector el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que paga por las adquisiciones locales de bienes y servicios que requiere para sacar adelante sus proyectos.

Después de 12 trimestres consecutivos de decrecimiento la industria de la construcción reportó cifras positivas. En el cuarto trimestre de 2017 el sector creció el 0,1% en comparación con el trimestre anterior, según las variables macroeconómicas del Banco Central del Ecuador (BCE), presentadas el 27 de febrero. El Gobierno aspira a que la construcción revierta su situación este año creciendo alrededor de 1%, principalmente apoyado por el Plan Casa Para Todos.

El sector de la construcción logró concretar operaciones para compensar deudas entre el Gobierno e impuestos adeudados, a través del sistema de Títulos del Banco Central (TBC), informó ayer el ministro Patricio Rivera. Explicó que el monto de las operaciones de compensación fue de $ 42,91 millones de los $ 50 millones posibles. Las empresas que aplicaron este sistema fueron Hidalgo e Hidalgo, Nabors, Sinopec, Verdu, mientras hubo otras pequeñas que no se detallaron. La explicación la dio en la Comisión de Régimen Económico con ocasión de cumplirse un año del Código Monetario.

La construcción, petróleo y minas, agricultura y manufactura son las principales industrias que dinamizaron el crecimiento económico del Ecuador en el 2013, cuando el PIB (Producto Interno Bruto) llegó al 4,5%, según un informe del Banco Central del Ecuador (BCE). Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, señaló que la construcción incluye la obra pública (Gobierno nacional y seccionales) y el sector privado. Otros factores, a decir del antiguo instituto emisor, que también aportaron al indicador fueron la inversión y el gasto de consumo de los hogares.

José Centeno, presidente de la Federación Ecuatoriana de las Cámaras de la Construcción, expresó ayer su inconformidad ante la aprobación del reglamento que regula la relación laboral en el sector de la construcción. En un comunicado indica que la normativa intenta "ejercer un extremado control sobre los empleadores y trabajadores del sector".

Representantes del sector de la construcción aún tienen observaciones sobre las reformas al reglamento de funcionamiento de las compañías que realizan actividad inmobiliaria, expedido en diciembre. Los cambios publicados el pasado 28 de febrero incluyen que las empresas podrán recibir dinero de los compradores para reservar su bien, pero ese valor no puede exceder el 2% del total de la vivienda.

Desde hoy, todos los constructores del país deberán registrar en el Ministerio de Relaciones Laborales cada obra, proyecto o etapa de construcción que desarrollen, así como los nombres de sus trabajadores contratados. Para el registro, que será gratuito, se habilitó un enlace en el portal www.relacioneslaborales.gob.ec. Así lo señala el reglamento emitido por esta cartera de Estado para el sector de la construcción.

Los constructores ya no estarán obligados a ser dueños de los terrenos en que van a levantar las obras, ni a contar con la licencia de construcción como requisito previo a la promoción y venta de los proyectos. Estas son algunas de las reformas –que rigen desde el viernes pasado– al reglamento de funcionamiento de las inmobiliarias. Entre otras cosas, la normativa prohibía a las constructoras recibir anticipos sin que se haya alcanzado el punto de equilibrio (suficientes recursos para financiar el proyecto) y les exigía una serie de requisitos antes de promover los proyectos.

La Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon) envió este miércoles una carta a la Superintendente de Compañías Suad Manzur, en la que pide dejar sin efecto el Reglamento que prohibe a las compañías inmobiliarias recibir anticipos por el costo de las viviviendas. El gremio plantea una reunión urgente para encontrar los mecanismos que permitan alcanzar los objetivos de control oficial. El presidente de la Cámara, Hermel Flores, anunció también que los asociados resolvieron plantear una acción extraordinaria de protección para impedir la aplicación de este reglamento.