Entre enero y agosto de este año, la mora patronal en Guayas sumó $ 112’724.197,12. Esta cifra es 24,9% mayor a la registrada en similar periodo del año pasado. Así lo dio a conocer ayer el director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Iván Espinel. En el marco de una exposición sobre mora patronal, realizada ayer en el auditorio del Centro Cultural Simón Bolívar de Guayaquil, el funcionario explicó que aún hay alrededor de 29.000 empresas que adeudan sus obligaciones a la institución. Sin embargo, destacó, también han aumentado las recaudaciones.

El Ministerio de Educación ha solicitado, hasta la fecha, al Ministerio de Finanzas $ 20 millones en bonos del Estado para pagar la jubilación voluntaria de 470 docentes. Así lo informó el Ministerio de Finanzas, a propósito de esta nueva modalidad de pago para ese fin, establecida en el Decreto Ejecutivo 99 del 2 de este mes y publicada en el Registro Oficial de la semana pasada. Pese a la polémica que ha generado el pago en bonos, según el Gobierno el programa ha tenido gran acogida.

En 15 de los 22 sectores productivos que existen en el país se logró un acuerdo para definir el aumento de salarios desde el 2014. Así lo detallan las actas de las mesas de trabajo donde participan representantes de los trabajadores y empleadores- con el fin de establecen los incrementos mínimos en los salarios. Esto se aplica tanto para el escalafón más bajo como para el más alto en cada área productiva. Estas alzas se aplicarán sobre el salario básico del 2014.

Un año ha tenido que esperar en Ecuador el joven español Ángel Zurdo para obtener un puesto de trabajo en el área de su especialización. En agosto del 2012, decidió salir de su país después de no encontrar empleo. Como él, un buen número de españoles está llegando a residir en diversas ciudades ecuatorianas en una migración que va creciendo.

El mercado financiero y bursátil vuelve a jugar nuevamente un papel clave en las opciones del sector público para fondearse. Aunque el actual Gobierno ha recurrido en pocas ocasiones a estos mercados, ahora las necesidades fiscales le obligan a utilizar estrategias que no las había contemplado de manera abierta. En febrero de este año, planificó la emisión de bonos de deuda interna por USD 1 330 millones para todo este año. Hasta agosto, según los registros de la Bolsa de Valores de Quito, ya se habían emitido alrededor de USD 525 millones.

El 100% de las jubilaciones que reciben los servidores públicos menores de 70 años, se podrá pagar con Bonos del Estado (papeles), según una reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público, publicada en el Registro Oficial 079, del jueves pasado. Los bonos tienen restricciones para ser negociados. La disposición se da con el Decreto 99, en el cual se elimina la posibilidad de que los servidores de menos de 70 años reciban la jubilación 50% en efectivo y 50% en bonos.

El Estado podrá pagar el total de la compensación económica por jubilación o retiro voluntario de los burócratas en bonos del Estado. Esta medida consta en el Decreto Ejecutivo 99, emitido el pasado 2 de septiembre y publicado en el Registro Oficial hace tres días. En dicho documento se reforma el artículo 288 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público. La normativa anterior establecía que, en caso que no hubiera disponibilidad presupuestaria, el Estado podría cancelar el 50% con bonos y la otra mitad en efectivo.

En el 2014, el Ministerio de Relaciones Laborales comenzará el control del cumplimiento de las nuevas modalidades contractuales que deberán aplicar diez sectores productivos: agrícola, ganadero, florícola, bananero, camaronero, pesquero, procesador de atún, petrolero, palmicultor y minero. La falta de una normativa clara es una de las principales causas de conflictividad laboral, según explicó el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, en una conferencia organizada por la Cámara de Minería del Ecuador.

Un mes después de que el Gobierno decidiera que, a partir de enero del 2014, los servidores públicos no recibirán el servicio de alimentación, el Ministerio de Finanzas aclara que el cálculo realizado por el representante de los servidores públicos, Miguel García, no es exacto. Según la entidad, el monto que se destina para el servicio de alimentación de los burócratas es de USD 46,3 millones y no los USD 800 millones que García ha señalado. Según el representante gremial, existen más de 500 000 funcionarios públicos en el país y ello significa un desembolso importante.

La asamblea aprobó ayer con 127 votos el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El documento garantiza un trabajo digno para las trabajadoras domésticas. De esta forma se reconocen sus derechos, remuneraciones y retribuciones salariales justas. La asambleísta María Soledad Vela, ponente del convenio, dijo que el trabajo remunerado en el hogar se ha prestado a condiciones laborales precarias por la ausencia de una adecuada protección legal.