En octubre, los contribuyentes bajo relación de dependencia, que se acogen a la deducción de gastos personales, deben presentar una nueva proyección de gastos. Según datos del SRI, este año pueden deducir quienes tengan ingresos superiores a la base imponible que es $ 10.180, o un salario de $ 848,33. La deducción de gastos personales puede llegar hasta el 50% de los ingresos gravados, sin que supere el límite, que este año es de $ 13.234. La cuantía máxima de cada tipo de gasto (alimentación, vestido, educación) no podrá exceder $ 3.308,50, excepto salud, que puede ser de $ 13.234.

El juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Vicente Robalino, oficializó ayer el pedido de extradición desde los Estados Unidos de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador y representante legal del Fideicomiso AGD no más Impunidad. El pedido de Robalino fue realizado mediante providencia, dirigida al presidente de la CNJ, Carlos Ramírez Romero, dentro del caso que indaga el uso doloso de documento falso, cuyo delito se habría perpetrado cuando falsificó el título de economista, presuntamente otorgado por la Universidad Católica del Ecuador.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, explicó este lunes que debatirá políticas económicas y asuntos de integración regional con sus homólogos de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Nicolás Maduro, este jueves 3 de octubre en su país. Inicialmente estaba prevista solo la visita de Correa, que debía llegar a La Paz para reunirse con el gobernante boliviano, pero el encuentro ha sido trasladado a Cochabamba y también contará con la asistencia de Maduro, anunció Morales en un acto en esa región, situada en el centro de Bolivia.

El fideicomiso internacional del Yasuní todavía no devuelve a los contribuyentes sus aportes, confirmó una fuente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con sede en Nueva York. El PNUD es el administrador del Fondo Fiduciario Yasuní-ITT, en el cual están depositados $ 11’321.172, según datos del Ejecutivo ecuatoriano. Parte del dinero debe ser reembolsado porque así lo estipula el acuerdo que el gobierno de Rafael Correa firmó con el PNUD, en el 2010, en caso de que el primero “incumpla su compromiso” y decida finiquitar la iniciativa Yasuní-ITT.