El examen de la Contraloría al endeudamiento público plantea una serie de restricciones legales que deben resolverse antes de efectuar una nueva contratación de deuda. Durante 2018, el Gobierno necesita $ 12.000 millones en financiamiento; es decir, requiere préstamos por 1.000 millones cada mes. El Código de Planificación de Finanzas Pública señala que el techo de la deuda pública con relación al PIB debe llegar máximo a 40%. Pero el órgano de control y el FMI han determinado que este porcentaje ya fue superado en el 2016. En el caso de requerir un nuevo crédito se deberá contar con la autorización de la Asamblea según establece la Ley. La norma exige también un plan de sostenibilidad fiscal que debe incluir políticas presupuestarias y fiscales para reducir el déficit del presupuesto estatal. Fuente: El Comercio.