El examen de la Contraloría al endeudamiento público plantea una serie de restricciones legales que deben resolverse antes de efectuar una nueva contratación de deuda. Durante 2018, el Gobierno necesita $ 12.000 millones en financiamiento; es decir, requiere préstamos por 1.000 millones cada mes. El Código de Planificación de Finanzas Pública señala que el techo de la deuda pública con relación al PIB debe llegar máximo a 40%. Pero el órgano de control y el FMI han determinado que este porcentaje ya fue superado en el 2016.