Las organizaciones indígenas no aceptaron las disculpas del presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, por la demora en la resolución del caso La Cocha y anunciaron que defenderán la competencia de las comunidades para juzgar delitos como homicidios y violaciones ante las cortes internacionales.

La Corte Constitucional (CC) reconoció la competencia de la justicia común para juzgar y sancionar los delitos contra la vida (asesinato, homicidio o violación) en los que estén involucrados miembros de una comunidad indígena. Así lo determinó el pleno del organismo en una resolución que aprobó ayer con el respaldo de seis de los nueve jueces. Con esa decisión, que tomó a la CC tres años y medio, se resolvió una acción extraordinaria de protección planteada por los familiares de los jóvenes de la comunidad de La Cocha, ajusticiados como presuntos responsables del asesinato de un indígena.