La Corte Constitucional (CC) reconoció la competencia de la justicia común para juzgar y sancionar los delitos contra la vida (asesinato, homicidio o violación) en los que estén involucrados miembros de una comunidad indígena. Así lo determinó el pleno del organismo en una resolución que aprobó ayer con el respaldo de seis de los nueve jueces. Con esa decisión, que tomó a la CC tres años y medio, se resolvió una acción extraordinaria de protección planteada por los familiares de los jóvenes de la comunidad de La Cocha, ajusticiados como presuntos responsables del asesinato de un indígena.