Las reacciones por el cierre de la Fundación Pachamama abren un debate de posturas polarizadas. Desde el bloque oficialista existe un respaldo para las acciones del Ejecutivo con el argumento de que la disolución de esa organización fue un acto administrativo y que tuvo sustento legal. Del otro lado, han surgido voces de alerta que señalan que al menos dos normas habrían sido irrespetadas por el Gobierno. Son los artículos 95 y 96 de la Constitución vigente, que amparan el derecho de las personas a asociarse, movilizarse y participar en la toma de decisiones de las políticas públicas.

El Ministerio del Ambiente disolvió ayer a la fundación Pachamama por su supuesta participación en las agresiones que sufrieron dos extranjeros durante protestas contra la XI Ronda Petrolera. La decisión se dio 4 días después de que el presidente Rafael Correa pidiera sanciones para quienes “atacaron” al embajador de Chile y a un empresario de Bielorrusia, el pasado 26 de noviembre. Ese día hubo una cita energética en Quito. Además, el Ministerio del Interior informó de un reporte policial que permitirá iniciar acciones legales en la Fiscalía.