Las reacciones por el cierre de la Fundación Pachamama abren un debate de posturas polarizadas. Desde el bloque oficialista existe un respaldo para las acciones del Ejecutivo con el argumento de que la disolución de esa organización fue un acto administrativo y que tuvo sustento legal. Del otro lado, han surgido voces de alerta que señalan que al menos dos normas habrían sido irrespetadas por el Gobierno. Son los artículos 95 y 96 de la Constitución vigente, que amparan el derecho de las personas a asociarse, movilizarse y participar en la toma de decisiones de las políticas públicas. En el campo internacional, uno de los cuestionamientos proviene de Amnistía Internacional. Esta organización recordó al Estado el respeto del principio jurídico del debido proceso así como las recomendaciones formuladas en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Los Estados tienen el deber de proteger a quienes defienden los derechos humanos y de crear las condiciones necesarias para garantizar que pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin restricciones injustas y sin temor a represalias” manifiesta una parte de la carta enviada al presidente Correa. En esta misiva se solicita a las autoridades que se revoque la orden de cierre de la Fundación Pachamama y que se inicien un proceso “justo” para investigar las denuncias de supuesta violencia durante sus recientes protestas. El proceso de disolución de la Fundación ha sido analizado por un grupo de juristas quienes han detectado una violación al debido proceso. Por ello, el caso fue presentado ante los relatores de la ONU. El Instituto Regional de Derechos Humanos y los juristas Ramiro Ávila y Mario Melo apoyan a esta ONG. Fuente: El Comercio.