Si el expresidente de la República Rafael Correa no obedece la disposición de la jueza Daniella Camacho de presentarse cada quince días ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito, la Fiscalía podría pedir que se le ordene la prisión preventiva. En esto coinciden los expertos en derecho penal Jorge Zavala Egas y Julio César Cueva.
El sector público olvidó pisar el freno en la compra de vehículos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. El parque automotor del Estado se disparó en la década pasada. De 9.110 en 2008, el país acumuló más de 25.184 autos para 2016. Es decir, 16.074 vehículos adicionales. El dato, aunque alarmante, podría ser peor por la falta de control y planificación. Un informe del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), de 2015, muestra que entidades de la Función Ejecutiva acumulan la mayor cantidad de automotores.
El expresidente Rafael Correa ha tuiteado desde Bélgica, donde reside, que frente a la descomposición que, a su juicio, vive el país durante el gobierno de su coideario Lenín Moreno, que se debe recordar lo que describe como “días de gloria” de su gobierno, cuando, dice “Ecuador era ejemplo para el mundo”. Correa, que emite una media de diez tuits diarios, ha pedido también que “demuestren qué alto dirigente de la Revolución tiene diez centavos mal habidos”. Y proclama que “pronto el pueblo despertará”.
Alexis Mera, ex secretario jurídico de Rafael Correa, negó ayer que hubo interferencia en la justicia del anterior Gobierno. El exfuncionario acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, instancia que tramita el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), principales y suplentes.
El expresidente Rafael Correa dice que quiere “recuperar la Patria” con la ayuda de los migrantes. En un video que circula a través de plataformas de mensajería como WhatsApp y redes sociales, el exmandatario convocó a los ecuatorianos residentes en Madrid a participar el viernes último en el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas en Europa, para conseguir que el Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana (MANA) pueda inscribirse como una organización política.
La Secretaría de Comunicación (Secom) informó ayer que el gobierno del presidente Lenín Moreno dispuso que se retire la seguridad al expresidente Rafael Correa, radicado actualmente en Bélgica. La medida también aplica para el exvicepresidente Jorge Glas, recluido en la Cárcel 4, en Quito, donde cumple una condena de seis años.
Dentro del proceso judicial que investiga el secuestro en Colombia del activista político Fernando Balda, el fiscal general (e), Paúl Pérez, dispuso se recepte la versión libre y sin juramento del expresidente Rafael Correa el próximo 24 de mayo, a las 08:00. La decisión hace parte del impulso fiscal emitido por Pérez ayer dentro de la instrucción fiscal número 170101813040755. En el documento el fiscal general encargado ordena se realice la diligencia vía telemática y para ello Correa deberá comparecer junto a su abogado al Consulado de Ecuador en Bélgica.
El Gobierno analiza si continuará proporcionando seguridad al expresidente Rafael Correa (2007-2017) ya que el 24 de este mes, según la normativa, finaliza el plazo para su protección militar, dijo este lunes el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. "Hay informes que tienen que analizarse en ética forma; las entidades responsables, particularmente de inteligencia, nos indicarán los requerimientos y las Fuerzas Armadas solo darán cabida en la medida que se requiera ese tipo de seguridad y protección" al exmandatario, indicó Jarrín.
El artículo 131 de la Constitución faculta a la Asamblea hacer control político de autoridades hasta un año después de haber dejado sus cargos. Y este 24 de mayo se cumple ese plazo para funcionarios del régimen del expresidente Rafael Correa, cuestionados por supuestos actos de corrupción e incumplimiento de funciones.
El expresidente Rafael Correa pidió a la Fiscalía, dentro de las investigaciones por el informe con indicios de responsabilidad por la deuda pública contraída entre 2012 y 2017, que llame a declarar a Alejandra Vicuña, vicepresidenta; Andrés Mideros, secretario general de la Presidencia; María Elsa Viteri, ministra de Finanzas; Verónica Artola, del Banco Central; y Carlos de la Torre, exministro.
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