Con 101 votos, la Asamblea aprobó un proyecto de resolución que dispone la desclasificación de toda información calificada como secreta, confidencial y reservada que exista en los archivos del Legislativo y en cualquier otra institución del Estado relacionada con la muerte del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

La Asamblea tiene previsto retomar el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de Fomento Productivo. Hasta el miércoles aún existían dudas sobre si la iniciativa cuenta con los votos necesarios. De no contar con apoyo, el proyecto original del Ejecutivo pasará por ministerio de la ley. El Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero tiene reparos a la propuesta de gravar con el impuesto a la renta (IR) a la decimotercera y decimocuarta remuneración.

Asambleístas de diversas bancadas como CREO, PSC, Pachakutik, Revolución Ciudadana y otros cuestionaron el proyecto de ley de Fomento Productivo, en el segundo debate del Pleno que se llevó a cabo el pasado martes 19 de junio de 2018 y el cual fue suspendido a las 21:48. Voceros de dichos partidos aseguraron que condicionarán sus votos, a los cambios que se acojan en el proyecto final, que se debatirá nuevamente el jueves a partir de las 14:00. En el segundo debate intervinieron 20 asambleístas. El principal punto cuestionado fue el manejo de la deuda pública.

Para las 15:30 de este jueves está anunciada la comparecencia del gerente de Flopec EP, Fernando Larrea, a la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional para responder sobre el pedido de traslado de algunas gerencias y despido de 73 empleados. También deberá responder por observaciones a la capacidad de los profesionales esmeraldeños para ocupar cargos de responsabilidad en esta empresa.

Incluido el bloque de disidentes de la Alianza PAIS, todas las fuerzas políticas de la Asamblea apoyan el anuncio del primer mandatario de eliminar la Superintendencia de Comunicación, aplicando una reforma a la Ley de Comunicación. Igualmente, casi todos los bloques ayer se atribuían la propuesta de eliminar la Supercom; pues CREO, ID y PSC afirmaron que antes de que anuncie Lenín Moreno, estos grupos presentaron propuestas para eliminarla, como órgano de censura.

La mayoría oficialista era suficiente para aprobar las 22 iniciativas que planteó Alianza País (AP) al inicio del actual período legislativo, que empezó el 14 de mayo del 2017. Entre esas propuestas estaban el Código de Trabajo, el Código de Comercio, la Ley de Gobierno Electrónico, Ley de Turismo, de Pesca y más. Del plan inicial se aprobaron seis: Ley de Semillas, Código de Entidades de Seguridad, Código Orgánico Administrativo, Ley sobre Paraísos Fiscales, Ley para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres y la Ley Amazónica.

El artículo 131 de la Constitución faculta a la Asamblea hacer control político de autoridades hasta un año después de haber dejado sus cargos. Y este 24 de mayo se cumple ese plazo para funcionarios del régimen del expresidente Rafael Correa, cuestionados por supuestos actos de corrupción e incumplimiento de funciones.

La situación del sector arrocero se expuso en la Comisión de Fiscalización con la presencia de dirigentes gremiales y de autoridades. Según Heitel Lozano, presidente de la Corporación Nacional de Arroceros, el costo de producción de una saca de arroz, con diferentes técnicas, oscila entre $ 28,50 y $ 29,78, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura. Para ellos el costo real es de $ 30,95. “Nos quieren poner un precio piso de $ 32, si vendiéramos el arroz a $35,50 (...) estaríamos recibiendo una rentabilidad de $ 270 por hectárea. Es insostenible”.

Tras un acalorado debate, la Asamblea Nacional aprobó con 91 votos a favor una resolución que resalta y respalda la gestión del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) transitorio en el proceso de “institucionalización”. Exhorta a las diferentes funciones del Estado a que cooperen en el proceso de evaluación, y solicita al Consejo Transitorio que informe de manera periódica y permanente a la Asamblea acerca de las “acciones y procedimientos realizados y por realizarse para dar cumplimiento al mandato popular del 4 de febrero de 2018”.

Una de las expectativas de trabajadores y empresarios es el nuevo Código de Trabajo que se gestiona al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Por la complejidad de la norma existen diferencias al interior del Legislativo. Una de las integrantes de la Comisión, Norma Vallejo, recalcó que toda norma laboral debe ser construida con sus beneficiarios; en este caso, los trabajadores y empresarios. Los gremios tradicionales tienen la predisposición de ser parte de la construcción de la norma.