El Asamblea Nacional ratificó con 114 votos y una abstención la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico Fronterizo, vetado en el 2012 por el entonces presidente Rafael Correa, y que busca aplicar medidas para reactivar económicamente a las diez provincias fronterizas.

Los jubilados de varios fondos privados que administra el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) piden desde el 2016 que la entidad les entregue los recursos de sus cuentas. Estos fondos privados, llamados fondos previsionales cerrados, se crearon como una forma de ahorro adicional desde los años 70, para mejorar la jubilación o cesantía de trabajadores públicos y privados. Pero en 2015 la Asamblea aprobó una Ley para que el Biess asuma su administración. 65 de estos fondos privados pasaron al banco del afiliado hasta junio del 2016.

Para hoy se espera que el proyecto de ley, que incluye las medidas del programa económico anunciado por Moreno hace un mes, llegue a la Asamblea. La presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, señaló el pasado martes que para hoy se tiene previsto que el presidente de la República, Lenín Moreno, envíe el documento para su análisis y debate.

Los 15 días del receso legislativo terminaron y los asambleístas retoman este lunes, 9 de abril del 2018,  sus actividades laborales. En el inicio de este año, las comisiones se enfocaron en avanzar en 26 leyes o reformas. Tres meses y medio después, se ha aprobado una: la Ley Amazónica, que espera el veto del Ejecutivo. El resto continúa en trámite dentro de las comisiones especializadas que trabajan para preparar los informes para primero y segundo debates, respectivamente.

Hoy se realiza el primer debate en el Pleno de la Asamblea sobre un proyecto que busca pasar al Biess los recursos de fondos privados. Para ello, el proyecto preve reformar la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). El debate se mueve en torno a dos problemas: si el Estado debe intervenir sobre las aportaciones privadas y si estos fondos mantienen algún aporte por parte del Estado.

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores anunció que se incluirán más de 60 fondos de cesantía previsionales cerrados dentro del Proyecto de Ley de Fondo de Cesantía que plantea que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) administre sus recursos económicos. Esto, siempre y cuando los fondos hayan recibido en algún momento financiamiento público. Para conocer la lista de estos fondos, la presidenta de la Comisión, Betty Carillo, informó que solicitará la información a la Superintendencia de Bancos.

A la Asamblea le quedan dos semanas de labores antes de entrar en receso legislativo del 4 al 19 de agosto. Los asambleístas se van de vacaciones dejando varios temas pendientes y resolviendo otros. Las sesiones del pleno podrían cerrar esta semana con la aprobación del proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero en segundo debate y la resolución de la objeción parcial a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos que cuenta con informe no vinculante de allanamiento total de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Con los proyectos de reformas a la Ley de Educación Intercultural y a las leyes del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) y Especial del Sector Cafetalero remitidas el pasado 26 de junio, el presidente Rafael Correa sumó catorce iniciativas enviadas a la Asamblea para su aprobación. Las reformas a la Ley de Educación buscan cambios para la carrera educativa pública en torno a las categorías, los traslados y el reconocimiento de títulos para poder ingresar.

El pleno de la Asamblea resolvió ayer sobre la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil. La norma irá en las próximas horas al Registro Oficial para su publicación. De las 54 objeciones presidenciales, el pleno insistió en dos y de forma parcial se pronunció con 91 votos a favor, 3 blancos y 30 abstenciones. La primera insistencia fue para que la figura del fideicomiso no se limitara a viviendas de interés social.