El superintendente del Control del Poder del Mercado, Pedro Páez, anunció la mañana ayer que pedirá a las empresas de telefonía móvil (Claro, Movistar y CNT) que entreguen a los usuarios una estadística mensual y estandarizada sobre el precio por segundo de llamada, mensaje de texto y bite de Internet consumido. El objetivo es que los usuarios tengan más elementos de juicio para decidir si permanecen con su operadora y cambian de empresa proveedora del servicio. Esta recomendación se presentará a la Superintendencia de Telecomunicaciones y el Ministerio del ramo para su implementación.

A las 17:30 de ayer venció el plazo para que los exclientes de la aseguradora Primma, la cual entró en proceso de liquidación, entreguen la documentación para le devolución de sus aportes o pagos por siniestros. Raudos y preocupados acudieron los últimos afectados para alcanzar a dejar la documentación que demuestre que mantenían un contrato con la compañía.

Un tribunal ecuatoriano condenó ayer a cuatro años de reclusión a un capitán de la Policía por participar en la sublevación del 30 de septiembre de 2010, cuando el presidente Rafael Correa estuvo retenido durante más de nueve horas. El capitán Marco Z. fue sentenciado por el segundo tribunal de Garantías Penales de Pichincha por el delito de rebelión por su intervención “junto a otros uniformados, entre militares y policías en la toma de la Base Aérea de Quito”, en el norte de la capital, informó la agencia pública Andes.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) suspendió ayer el remate de la hacienda La Clementina, que estaba previsto para hoy. El predio, valorado en $ 118,39 millones, era el ítem dieciocho que debía ser subastado de los embargados a la Exportadora Bananera Noboa. Los primeros bienes que se pusieron a la venta fueron los autos, yates y avionetas. Este proceso se desarrolla por la supuesta deuda de $ 95 millones que mantiene la empresa con el SRI por el Impuesto a la Renta del 2005.