Luego de la inauguración del Foro Empresarial Andino, la ministra Eva García se refirió a la tasa impuesta por el Gobierno para el combate al contrabando y que causó una controversia en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Al respecto, señaló que ese tema debe ser tratado en los niveles correspondientes y que “los gobiernos deben fijarse más en los objetivos que se quiere alcanzar y superar obstáculos que pueden separar a las naciones”.

El fallo final sobre la aplicación de la tasa de control aduanero podría conocerse hasta dentro de los próximos 45 días, tiempo máximo del que puede disponer la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para pronunciarse sobre el recurso de reconsideración presentado por Ecuador. Mauro Andino, director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), mencionó que el Gobierno está “presto a seguir revisando” el mecanismo. “Una vez que podamos poner al nivel de lo que queremos estos servicios podríamos ir viendo cómo se va eliminando”, dijo.

Ecuador podrá seguir cobrando la tasa de servicio de control aduanero, mientras la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) resuelve el pedido de reconsideración, que solicitó este martes, 8 de mayo del 2018, el Gobierno ecuatoriano. El pedido busca que el organismo dé marcha atrás a su resolución del 20 de abril último, con la cual calificó como gravamen al cobro de $ 10 centavos sobre las importaciones, y dio plazo de 10 días al país para que retirase la medida.

El 8 de mayo culminará el plazo de 10 días que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) dio a Ecuador para que elimine la Tasa de Servicio y Control Aduanero (TSCA) a raíz de los reclamos expuestos por Colombia y Perú. Aquello implica que desde el 10 de mayo las importaciones provenientes de esos dos países no tendrán que pagar la tasa creada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Sobre las importaciones de otros lugares la medida seguirá vigente.

Desde la aplicación de una medida similar a la tasa de control aduanero por parte de los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a las exportaciones ecuatorianas hasta el cese de concesiones arancelarias, según expertos consultados, podrían ser las sanciones que el organismo pudiera imponer al país de no retirar el cobro, después que le dio diez días hábiles para ello tras calificarlo de ‘gravamen’.

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y el Servicio de Aduanas (Senae) analizan la posibilidad de recurrir a recursos, administrativos y judiciales, que permitirían la revisión de la resolución 1999 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que declaró a la tasa de servicio de control aduanero como un gravamen y que por tanto vulneraría el Programa de Liberación establecido en el Acuerdo de Cartagena.

La resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), para catalogar como gravamen la tasa de servicio de control aduanero y fijar un plazo a Ecuador para retirarla se basa en cuatro argumentos. En su análisis, el ente regional evaluó las pruebas presentadas por Colombia y Perú y las respuestas de Ecuador.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) consideró, mediante Resolución 1999, que la tasa de control aduanero creada por el Ecuador para gravar las importaciones es un “gravamen” y que, por ende, vulneraría el ‘Programa de Liberación de la Comunidad’, establecido en el Acuerdo de Cartagena. Con ese pronunciamiento, la CAN echa abajo la legalidad de la tasa que ha sido defendida por parte del Servicio Nacional de Aduanas (Senae).

La legalidad de la tasa de control aduanero se resolverá el próximo 18 de mayo, cuando la Sala Especializada de lo Tributario, de la Corte Nacional de Justicia, emita un fallo sobre la demanda de gremios empresariales. Ese día se llevará a cabo la audiencia de juzgamiento a la denuncia interpuesta en febrero pasado por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador (Fncce) en contra del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).