La Ley de Fomento Productivo espera dar un respiro al Gobierno en liquidez a través de dos vías. La primera es la remisión tributaria. Desde el 25 de agosto, según dispone la Ley, los negocios que durante los últimos tres ejercicios fiscales registraron ingresos superiores a 5 millones de dólares, podrán acogerse en un lapso de 90 días a la remisión tributaria. Para las empresas con menores ingresos tienen la opción de cancelar dentro de los 90 días o solicitar facilidades de pago que se pueden extender hasta por 2 años.

De aprobarse el proyecto de ley económico urgente, que este momento debate la Asamblea, se concretará en el país la quinta condonación o remisión tributaria en los últimos diez años. En 2008 y en 2015 se aplicaron dos amnistías generales, que aportaron al Fisco $ 1.171 millones. En 2016 se aplicó una nueva remisión parcial que benefició a Manabí y a Esmeraldas, y en este momento está vigente la amnistía de la Ley de Reactivación Económica para los afectados por la construcción del Tranvía de Cuenca.

La remisión tributaria, que permitirá a las empresas saldar cuentas pendientes con el Estado a un menor costo, es la medida que generará 96% de los ingresos que el Gobierno espera obtener con su reforma tributaria durante este año. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, explicó el viernes pasado que las reformas legales que serán enviadas este mes a la Asamblea rendirán en el 2018 USD 624 millones. De ese monto, USD 602 millones son por la amnistía.