Manabí cuenta con dos aeropuertos operativos: uno en Man­ta y otro en San Vicente. El primero, el Internacional Eloy Alfaro, trabaja con una terminal provisional para vuelos comerciales. El otro es Los Perales de San Vicente, que solo opera como pista de aterrizaje para vuelos de avionetas de empresas privadas y escuelas de aviación. En Portoviejo están las instalaciones del aeropuerto Reales Tamarindos, pero dejaron de funcionar en el 2011, por la baja demanda de pasajeros y la falta de inversión.

Mercados, puertos pesqueros, la construcción y reparación de vías son algunas de las infraestructuras públicas que se han impulsado desde el Estado, para la reactivación en Manabí. A dos años del terremoto, que el 16 de abril del 2016 dejó 671 muertos, varios proyectos se han levantado o se están edificando en esta jurisdicción costeña. El Comité de la Reconstrucción y Reactivación Económica informó que entre abril del 2016 y diciembre del 2017 se han invertido unos $ 774 millones en esas áreas.

La reactivación productiva de Manabí ha tenido un soporte en la banca privada y pública con créditos e inversiones para negocios y nuevas obras. Según el sistema financiero de los dos segmentos, en los dos últimos años se inyectaron $ 1.317 millones en 2017. Los bancos privados desembolsaron 69% de esos recursos, principalmente para las industrias manufactureras, el comercio y las actividades agropecuarias, informó la Asociación de Bancos Privados (Asobanca). Por tipo de crédito, el de mayor demanda es el comercial, luego el de consumo, seguido del microcrédito y vivienda.

Esmeraldas y Manabí, las provincias más afectadas por el terremoto de del 16 de abril del 2016, han recibido créditos por un valor superior a $ 234 millones por parte de la Corporación Financiera Nacional (CFN), para impulsar diferentes sectores.

Emprendedores de Manabí y Esmeraldas recibirán créditos productivos y de vivienda por un total de $ 60 millones. La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) otorgará los recursos a través de cooperativas de ahorro y crédito.   Los fondos provienen de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.