Ecuador gasta más de lo que ingresa. Y como necesita cubrir sus gastos, se ha ido endeudando hasta una cifra exorbitada. Esto es lo que se plantea solucionar el nuevo responsable de Finanzas con una ley de fomento productivo que, en el sector académico, ha dejado insatisfacción. Por resumir el planteamiento de analistas económicos, si el Estado tiene más gastos que ingresos, lo urgente sería reducir esos gastos y tratar de obtener más recursos con inversión.

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional prevé que hasta el próximo 21 de junio el Parlamento apruebe el proyecto de ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que fue remitido el pasado 24 de mayo con el carácter de económico urgente por el Ejecutivo. Esto una vez que este miércoles los integrantes de la Comisión aprobaron el cronograma y el plan de trabajo.

Según Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, la Ley de fomento productivo, inversión, empleo y equilibrio fiscal, que se entregó a la Asamblea Nacional para su debate, tiene como objetivos la reactivación productiva y establecer un plan de sostenibilidad a largo plazo. No obstante, el proyecto de ley parece continuar en el habitual juego de subir y/o bajar impuestos al sector privado como si se tratase de la única receta de política para fomentar la producción, inversión y empleo.

El proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones incluye la aplicación de la tarifa cero a la importación de insumos para el sector agropecuario, acuícola y pesca, adicionales a los ya existentes. Para el efecto, se propone modificar el numeral 4 del Artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

El proyecto de ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal contempla una serie de reformas a varios cuerpos legales relacionados con el ámbito tributario, fiscal, de inversiones y otros.  Entre los principales ajustes se plantea: 1) Remisión del 100% de intereses, multas y recargo de obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras, impuestos vehiculares, matriculación e infracciones de tránsito y otras; 2) exoneración del impuesto a la renta (IR) para nuevas inversiones por 10 años.