Aunque no afecte su elección como presidenta de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ocurrida este martes, la canciller María Fernanda Espinosa debería responder en un probable juicio político a nivel nacional por sus acciones al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, según afirmaron analistas consultados.

Con 59 firmas de respaldo, un grupo de legisladores de las bancadas de CREO, PSC y BIN presentó este jueves un pedido de juicio político en contra de la canciller María Fernanda Espinosa, por incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis de la frontera norte, migración y política exterior.

Los 20 asambleístas de Creo iniciaron ayer la recolección de firmas para llamar a juicio político a la canciller María Fernanda Espinosa. La señalan por incumplir sus funciones. Cinco de las seis fuerzas políticas de la Asamblea Nacional buscan que Espinosa responda por tres hechos. Primero, por la crisis en la frontera norte. También, por la presencia del australiano Julian Assange en la Embajada de Ecuador, en Reino Unido; y por la polémica que se dio con Honduras, que acusó a Ecuador de romper un pacto sobre la candidatura a la Asamblea General de la ONU.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, enfrenta hoy un juicio político en su contra, y anticipó que revelará cosas importantes y relevantes que el país debe saber. La sesión de la Asamblea para recibir a Baca está convocada a las 10:50. Él tendrá tres horas para defenderse de la acusación de supuesto incumplimiento de funciones al difundir un audio no judicializado de un diálogo telefónico entre el excontralor Carlos Pólit y el expresidente de la Asamblea José Serrano, en el que hablan de “bajarse al fiscal”.

La postura de los bloques Alianza PAIS y Revolución Alfarista, que suman 73 votos, es clave para definir la censura y destitución del fiscal general del Estado, Carlos Baca, dentro del juicio político que será mañana. El juicio está planteado por un supuesto incumplimiento de funciones al difundir un audio no judicializado de un diálogo telefónico entre el excontralor Carlos Pólit y el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano.

El próximo jueves se realizaría el juicio político en contra del fiscal general, Carlos Baca, acusado de incumplimiento de funciones al publicar el audio de una llamada telefónica entre el excontralor Carlos Pólit y el entonces presidente de la Asamblea, José Serrano. La decisión será ratificada por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, que según la normativa, en un plazo de cinco días, una vez transcurridas 48 horas de socialización del informe que recomienda el juicio, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del pleno. Las 48 horas se cumplieron el domingo.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tendrá que verificar si cumple o no los requisitos una segunda solicitud de juicio político planteada en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y los vocales de dicho organismo. Ayer los asambleístas Esteban Bernal (CREO-Movimiento Podemos) y Raúl Tello (Movimiento Unidos por Pastaza), con el apoyo de 60 firmas presentaron un nuevo pedido de interpelación; pues el primero fue archivado por el CAL, en septiembre del año pasado, por no cumplir con el anuncio de la totalidad de la prueba.

La Comisión de Fiscalización se tomará al menos tres días más para decidir sobre el juicio político al fiscal General del Estado, Carlos Baca. El lunes, 16 de abril del 2018, culminó el plazo para que la Mesa emita un informe que recomiende el archivo del caso o que este se traslade al Pleno para la interpelación y la posible destitución y censura del funcionario. Sin embargo, los legisladores que integran esta instancia resolvieron acogerse a la prórroga de cinco días adicionales, que está contemplada en la ley.