El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante  resolución 002A-2018,  designó “de manera temporal” a 23  fiscales  provinciales. La decisión fue adoptada la noche del viernes 22 de junio, como parte de sus primeras acciones. En la lista destaca Guillermo Moreno Garcés, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés; él consta como nuevo fiscal de Napo. En cuentas de Twitter, juristas y políticos de oposición, sobre todo correístas, criticaron la designación “a dedo” de los fiscales.

La audiencia de apelación a la sentencia condenatoria para seis procesados por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht se suspendió aproximadamente a las 17:00 de este miércoles y se retomará una vez que el tribunal analice los cuerpos del proceso penal. La audiencia se había iniciado en horas de la mañana en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Una vez que el Consejo de la Judicatura (CJ) dejó en pausa la creación de la Unidad Judicial y Tribunal de Garantías Penales Especializados en la Lucha contra el Crimen Organizado, hasta que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre su creación, el fiscal general (e), Paúl Pérez, aseguró que presentará a la Asamblea un proyecto de Ley Orgánica contra el Crimen Organizado. Gustavo Jalkh, presidente del CJ, dijo días atrás que aunque el anuncio de creación de esa unidad generó críticas, la institución tiene claro que es su competencia.

El fiscal general encargado, Paúl Pérez Reina, afirmó este viernes que continuará el proceso investigativo en contra de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, luego que la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador (UAFE) emitiera un informe que revelaría irregularidades cometidas por ambos, cuando eran funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. Señaló que “el proceso investigativo continúa en todos los casos en donde existan indicios de actos de corrupción. La Fiscalía el compromiso que tiene es que abrirá e investigará objetivamente estos casos.

Edwin Paúl Pérez Reina entiende que con su designación como fiscal general del Estado, aunque sea en calidad de encargo, se “ha hecho justicia” al ‘perjuicio’ que se le causó antes al no posesionarlo como fiscal subrogante, pese a que, asegura, fue el ganador en 2015 del concurso dentro de la carrera fiscal para la promoción en las categorías dos y tres. Ayer este fiscal provincial de Carchi fue posesionado como fiscal general por Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) transitorio.

El Consejo de Participación Ciudadana transitorio aprobó, por una unanimidad, la designación de Paúl Pérez Reina como Fiscal General encargado. Esto luego de la destitución de Carlos Baca en la Asamblea. En el documento se indicó que la entidad transitoria tiene la potestad de encargar la titularidad de las instituciones a cualquier ciudadano, mientras se realiza el proceso de selección. Pérez Reina se desempeñaba como fiscal provincial del Carchi. Y fue uno de los mejores puntuados en el proceso de evaluación del Consejo de la Judicatura.

Mientras viajaba vía terrestre de Imbabura a Quito, la mañana del viernes, Gen Alfonso Rhea Andrade decía que nunca imaginó estar en esa situación: dirigiéndose como subrogante a asumir la Fiscalía General del Estado (FGE). Rhea llegaba a la capital en reemplazo de quien era su superior hasta la noche anterior, Carlos Baca. El abogado imbabureño de 35 años cuenta que ese no fue un espacio que hubiese buscado.

La comparecencia del fiscal Carlos Baca Mancheno en la Comisión de Fiscalización estuvo marcada por tres hechos polémicos que se dieron entre la máxima autoridad de la Fiscalía y los integrantes de la Mesa parlamentaria. Una mueca en los rostros de los legisladores se dibujó luego de que Carlos Baca Mancheno señalara que no se cumplieron los procedimientos para llamarlo a juicio político.

El 4 de marzo, cinco días antes de que el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, comparezca ante la Asamblea para explicar la difusión de un audio de una conversación entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit, el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, habría conocido sobre las supuestas irregularidades en torno al parte policial que informaba sobre el hallazgo de dicho audio: que fue elaborado luego de la rueda de prensa que dio el fiscal el 26 de febrero y bajo presiones del teniente coronel Renato González, titular de Investigaciones

El proceso de evaluación pasará primero por el sector judicial, según el trabajo trazado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST). En la sesión del pleno, programada para mañana, los 7 integrantes del Consejo prevén aprobar el orden de las 5 primeras evaluaciones y el envío de las notificaciones. La consejera Myriam Félix comentó que el primer requerimiento sería para el fiscal Carlos Baca. “Ese anuncio tiene que hacerlo el pleno, pero ya habíamos dialogado sobre la necesidad de empezar evaluaciones con las autoridades más cuestionadas”.