Las 22 empresas públicas cerraron el 2017 con un saldo negativo de $ 86 millones. Los últimos cuatro años, el saldo global de las firmas ha sido negativo, según datos del Banco Central (BCE). El Gobierno anunció, el pasado lunes, medidas de perfeccionamiento y optimización de estas empresas públicas, con las que se espera generar ahorros al Estado por $ 204 millones anuales. Para alcanzar ese objetivo, el primer paso de la estrategia -según Garzón- es la eliminación de dos entidades en este año: la Empresa Pública Cementera (Epce) y Enfarma.

De las arcas de las propias empresas públicas (EP) que se extingan saldrá el dinero para pagar las compensaciones a los más de 1.300 empleados que se desvincularán de estas como parte de su proceso de fusión, extinción y reestructuración dentro del Plan de Optimización de la Función Ejecutiva. El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, dijo que no conoce el monto que se gastará en eso ya que esa información la maneja la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), pero aseguró que el Ejecutivo no lo asumirá.

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, que el fisco recibirá este año $ 112 millones de tres empresas públicas: Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) y la Unión Cementera Nacional. El monto corresponde a recursos por cierre, liquidez y manejo adecuado de partidas, informó la Ministra en una rueda de prensa, en la que no se aceptaron preguntas. Viteri indicó que el Estado recibirá $ 100 millones, corresponden a los excedentes generados por CNT en el 2017.