La audiencia de sustanciación en contra de Xavier Bonilla (Bonil) es la novena que realiza la Superintendencia de Comunicación (Supercom). Así lo aclaró ayer en su cuenta de Twitter esta institución, aunque no se dio a conocer a los involucrados ni los contenidos de las denuncias. “Supercom informa: La audiencia de sustanciación en caso de ciudadano Xavier Bonilla es la novena realizada en trámites administrativos”, se informó.

Entre una disculpa pública y una multa equivalente al 2% de la facturación de los últimos tres meses podrían ser las sanciones que adoptaría la Super-intendencia de Comunicación (Supercom) contra el caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) y diario EL Universo. Para una decisión, el organismo tiene tres días hábiles, según el Reglamento para el tratamiento de las denuncias que se presenten por el incumplimiento de la Ley de Comunicación. Ayer se instaló en su primera audiencia pública.

La organización Fundamedios, que había denunciado supuestas violaciones a la libre expresión desde el Estado, pasó a supervisión de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), amparados en el Decreto 16, que regula las organizaciones de la sociedad civil. Precisamente, la ONG planteó una demanda de inconstitucionalidad en contra de esa norma, por considerarla atentatoria a las libertades y restrictiva del derecho de asociación de todas las personas.

El caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) acudió este martes a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) para presentar su defensa ante  las acusaciones de esa entidad por  uno de sus dibujos, publicado el 28 de diciembre pasado en El Universo, que reseña el allanamiento a la vivienda del asesor legislativo Fernando Villavicencio. Un reporte interno de la Supercom, firmado por Wilman Sánchez León y Juan Pablo Rojas, indica que la caricatura de Bonil “deslegitima la acción de la autoridad y apoya a la agitación social”.

El presidente Rafael Correa emitió el decreto 214 que contiene el Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación e Información (89 artículos, 4 disposiciones transitorias y 1 final) que está en vigencia desde el pasado 25 de junio. Siete meses después y con fecha del 20 de enero, el mandatario firmó el decreto que aclara algunos artículos de la norma. Por ejemplo, el artículo 2 señala que los medios de comunicación que operan bajo la plataforma de Internet también estarán bajo la Ley de Comunicación con los mismos derechos y obligaciones según esta norma.

Los medios de comunicación social del país tienen hasta el próximo viernes para registrarse ante el Consejo de Regulación de la Información.

Ocho artículos y una disposición final tiene el reglamento, aprobado ayer por el Consejo de Regulación de la Información (Cordicom), para el registro al que deberán someterse, obligatoriamente, los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios del país, según lo establece la Ley Orgánica de Comunicación. La norma dice que dicho registro no es una autorización para el funcionamiento, pero, agrega, el medio que no lo haga no podrá recibir pauta de publicidad de entidades estatales.

Desde el pasado lunes corre el plazo de 72 horas que dio la Superintendencia de Comunicación e Información a EL UNIVERSO para que entregue copia auténtica y texto de una caricatura publicada el pasado 28 de diciembre, en su espacio ‘La Columna de Bonil’. El organismo pide, además, información sobre la identidad del autor de la caricatura; la solicitud, firmada por el superintendente Carlos Ochoa, se basa en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Comunicación.

El periodista del canal incautado Gamatv Hermes Campoverde dirigiría la Intendencia de Comunicación en Guayas, si acepta la propuesta que le había hecho el superintendente de Información, Carlos Ochoa. En el país existirán siete de estas intendencias en donde la ciudadanía pueda presentar su denuncia o queja en contra de los medios de información, en el caso de que se sientan afectados en sus derechos de la comunicación.

Las reglas para que el superintendente de Información, Carlos Ochoa, aplique las sanciones por incumplir o afectar “derechos a la comunicación” se plasmaron en el reglamento para el procesamiento de infracciones administrativas a la Ley de Comunicación. Este es el tercer reglamento emitido por el Consejo de Regulación, y fue aprobado ayer.