El Gobierno empezó a pagar las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en favor de 27 exjueces de la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 7 magistrados del desaparecido Tribunal Constitucional (TC), que fueron destituidos hace diez años. La CorteIDH notificó al Estado ecuatoriano en agosto del 2013 de la sentencia que dispuso la reparación económica por el daño causado a los judiciales; son cerca de 400.000 dólares para cada uno. El fallo fue la consecuencia de la denuncia planteada por los exjueces contra Ecuador por el cese en sus funciones que se dispuso en diciembre del 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Según la demanda, Gutiérrez convocó a un periodo extraordinario de sesiones en el entonces Congreso para analizar la situación de la justicia. Una mayoría oficialista respaldó la destitución de los jueces. El Ministerio de Justicia organizó el pasado martes un acto de reconocimiento para formalizar la reparación. Acudieron varios de los perjudicados. Fuente: El Universo.