Santiago Cuesta, consejero encargado de la optimización de recursos, prefiere no hablar del número de funcionarios públicos que serían separados de sus cargos, sino del porcentaje que espera reducir del monto que el Estado destina para el pago de los sueldos. Esto es, según Cuesta, entre el 12% y 15%. “No sé cuánta gente signifique eso, pero tenemos que hacer esa reducción, es necesario”. El consejero señala que en ciertas entidades públicas hay exceso de personal, pero que en otras falta.