Con base en un oficio reservado de la Secretaría del Tesoro Nacional, el Ministerio de Finanzas destinó $ 120 millones recaudados por la Ley de Solidaridad al manejo integrado de la liquidez del sector público. La ley fue creada para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaude entre los contribuyentes nuevos impuestos que servirían para la reconstrucción y reactivación de las provincias devastadas. Según Finanzas, con los $ 120 millones “ha venido pagando a las empresas o personas naturales proveedoras de bienes y servicios del sector público en Manabí y Esmeraldas”. No aclaró si se trata de deudas con contratistas que estaban impagos antes del terremoto. Para Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, con esto el Gobierno quiere enfrentar el problema de iliquidez en la caja fiscal.

Fuente: El Universo, 24 de julio.