El Estado ecuatoriano dejaría de percibir entre $ 40 millones y $ 50 millones anuales por la piratería en el servicio de televisión pagada, según informó ayer el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, durante el taller internacional para erradicar ese tipo de prácticas, organizado por esa entidad de control. Jaramillo explicó que cuando se utilizan métodos fraudulentos para proveer el servicio de televisión pagada, el Estado deja de percibir ingresos por aranceles a la importación de decodificadores, impuestos al Valor Agregado, a los Consumos Especiales y a la salida de divisas; así como pagos por título habilitante, por tarifas de concesión y de uso mensual. Agregó que la suma de estos valores representa el perjuicio referido al Estado y que en los últimos tres años significaron un impacto de $ 150 millones aproximadamente, según el superintendente. Las principales consecuencias de esta actividad ilegal para los consumidores son el acceso a un servicio sin garantías en calidad y en continuidad, pues de acuerdo con Jaramillo, las personas son engañadas al hacer un solo pago por un decodificador y enfrentar, en cualquier momento, la reducción en la oferta de canales, sin la posibilidad de reclamo. Fuente: El Universo.