Hasta finalizar el primer semestre del año, el Gobierno revisará la legislación para asegurar que la deuda pública sea definida con precisión y pueda ser medida en base a estándares internacionales. Este es uno de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder al crédito de $ 4.500 millones. En la Carta de Intención, firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez; y la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, el régimen se compromete a revertir inmediatamente la creciente relación de la deuda pública frente al Producto Interno Bruto (PIB). En el corto plazo se planea reducir la deuda por debajo de la meta referencial de 40% del PIB. “Una vez alcanzada dicha meta, esta volverá a constituir el límite legal para el endeudamiento público futuro”, cita la Carta de Intención. Fuente: El Telégrafo.